Argentina dispone hoy de una oportunidad histórica para incrementar la productividad de su economía a partir de la explotación de los recursos hidrocarburíferos y mineros que la geología de nuestro territorio ofrece con una generosidad desbordante. El desarrollo de Vaca Muerta, el potencial de la minería del litio y de los minerales estratégicos que recorren el subsuelo del país constituyen la plataforma material sobre la cual la Argentina podría transformarse en un país con grados de independencia como jamás tuvo para alcanzar, con este propósito nacional, un proceso sostenido de desarrollo en todos los planos de su desenvolvimiento.
Por Pedro Pesatti - Vicegobernador de Río Negro
El gobierno del presidente Milei, mientras tanto, sin una perspectiva nacional de la economía, mantiene con fervor doctrinario el ordenamiento de la macro —el superávit fiscal, la desregulación, la disciplina monetaria— como razón suficiente para generar las condiciones de posibilidad que permitan alcanzar ese nuevo estadio que me gusta asociar, frente a cualquier otro concepto equivalente, con la independencia del país como proceso. En esa dirección, Milei se concentra en controlar la macroeconomía, pero se muestra totalmente ajeno al campo de la economía real, pese al crujido de los cimientos del orden económico y social audible para cualquier oído atento.
La economía real es la del argentino de a pie: la del trabajador que observa cómo su salario pierde poder adquisitivo, la del jubilado empobrecido con el ajuste más grande de la historia de la humanidad, y la del pequeño y mediano empresario que se ve forzado a cerrar las puertas del comercio que representó el sueño y el esfuerzo de toda su vida. En contraposición, la política del dólar barato, la apertura comercial indiscriminada, la destrucción sistemática de puestos de trabajo y el cierre de pymes constituyen la médula espinal de un programa económico que se apoya sobre la carne viva de una sociedad expuesta a una fractura de efectos tan peligrosos como insospechados.
Frente a una devastación silenciosa, que ya se mide en indicadores sociales alarmantes, se le suma un fenómeno de alcance civilizatorio frente al cual el gobierno nacional exhibe una imperdonable desatención: la irrupción de la inteligencia artificial (IA). La revolución tecnológica que la IA representa es un proceso en marcha que ya está transformando los modos de producir, de trabajar, de administrar, de enseñar y de gobernar. En el horizonte inmediato, esa transformación profundizará la destrucción de empleos que el ajuste económico ya ha iniciado, y lo hará con una velocidad y una escala de la que ningún sector de la actividad quedará a salvo. La metáfora más precisa para describir lo que ocurre es la de una inundación perfectamente pronosticada; una catástrofe cuya inminencia los expertos más prestigiosos, como el premio Nobel Geoffrey Hinton, confirman día tras día, pero frente a la cual no se construye un solo dique, no se diseña un solo plan de evacuación, ni se articula una sola política de mitigación.
Sectores muy influyentes de la política y de la economía argentina comparten la ilusión de que el país podrá llegar a ese nuevo estadio que representan los hidrocarburos y la minería con el programa del gobierno nacional sin mayores sobresaltos, como si la transición entre el país que somos y el país que pretendemos ser fuera un trámite administrativo que se resuelve con buenas señales a los mercados y una ley de incentivos a las grandes inversiones. Pierden de vista lo esencial: que esa transición demandará aún varios años; que el camino que va desde una economía endeudada y con años de estancamiento, hacia una economía con niveles de productividad capaces de soportar un tipo de cambio como el vigente es un camino largo, escarpado y lleno de riesgos sociales que ya se están materializando. Todo indica que por delante tendremos un período en el que millones de argentinos verán degradar sus condiciones de vida sin que el nuevo modelo les ofrezca una alternativa concreta. Por lo tanto, el dogmatismo de Milei se transforma en el principal obstáculo para sostener esta marcha, porque el costo es demasiado alto para que la mayoría de la población se quede cruzada de brazos.
Es en este período de transición en el que se juega todo. Si la sociedad argentina percibe que el sacrificio que se le impone no conduce a un destino compartido; si los trabajadores desplazados no encuentran reconversión; si las comunidades productivas del interior ven quebrar las economías regionales y si las nuevas generaciones comprueban que el mercado laboral se contrae mientras la tecnología avanza sin que nadie les ofrezca herramientas para desenvolverse en ese nuevo mundo, la fractura social será inevitable.
Si esa fractura se produce —como comenzaron a advertirlo desde hace ya unos meses prestigiosos economistas, periodistas y académicos— todos los pronósticos se vendrán abajo. Las garantías que el gobierno nacional supone aseguradas con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las políticas concordantes se derrumbarán una a una, porque ninguna arquitectura jurídica de promoción de inversiones resiste las consecuencias de un tejido social roto. Los inversores que hoy miran a la Argentina con interés inevitablemente observarán este cuadro de situación que es tan significativo como la seguridad jurídica. Un país fracturado no sostiene nada, porque la fractura social es la madre de la inestabilidad institucional y política, y la inestabilidad es el enemigo declarado de toda inversión de largo plazo, como lo demuestra la historia de los países.
Para que la transición sea viable, para que el camino hacia esa Argentina de mayor productividad pueda recorrerse sin que el país se rompa en el intento, es imprescindible que nadie sienta que no pertenece a la misma nación. Y es justamente la palabra «nación» la que menos estamos pronunciando. Hablamos de mercados, de inversiones, de desregulación, de competitividad, de variables monetarias y fiscales. Todas palabras legítimas, todas herramientas necesarias. Pero hemos dejado de hablar de la nación como lo que es: un hogar común, un ámbito en el cual conviven millones de personas que necesitan ser comprendidas bajo un mismo propósito.
Desde luego, una nación no se construye con reglas y dogmatismos económicos. Una nación es, ante todo, la certeza colectiva de que existe un destino común. Es el equivalente al concepto de hogar y el país a la dimensión material de una casa.
La Argentina necesita, con urgencia, recuperar esa palabra y dotarla del contenido que la hora exige. Necesita políticas activas de transición laboral que anticipen el impacto de la transformación tecnológica en lugar de padecerlo como una fatalidad. Necesita un Estado que no renuncie a su función de garante del equilibrio social mientras se abren las puertas a la inversión privada. Necesita que quienes toman las decisiones comprendan que la eficiencia macroeconómica es una condición necesaria, pero jamás suficiente, y que el verdadero desafío no es llegar al nuevo estadio productivo, sino llegar juntos, como nación, con la casa en pie y todos sus habitantes adentro. Porque el hogar es la construcción clave que hace a la realización de las personas. En consecuencia, el hogar no se financia con dólares, no se puede pedir prestado al FMI ni se le puede pedir a las súper empresas tecnológicas que lo construyan. La nación, como el hogar en una casa, es producto de las relaciones entre quienes son parte de un mismo techo; y así como de la calidad de un hogar, en el caso de una familia, depende la realización de las personas que lo componen, en una nación sucede exactamente lo mismo, porque la nación es el hogar de un pueblo, y de ese hogar depende el futuro individual y colectivo de cada argentino. La crueldad, por lo tanto, es lo más urgente que debemos poner en crisis para sacarnos de encima tanta mácula de inhumanidad.
