El abordaje de la violencia en las aulas rionegrinas podría dar un giro normativo mediante una iniciativa que busca incluir el acoso escolar en el Código Contravencional de la provincia (Ley N° 5592) y establecer legalmente la responsabilidad de los padres ante las acciones de los menores. 

La propuesta legislativa apunta a prevenir el hostigamiento priorizando la intervención temprana y el enfoque socioeducativo, pero faculta a la Justicia de Paz a aplicar sanciones concretas a los tutores que no se involucren de manera efectiva en la corrección de las conductas de acoso.

Los impulsores del proyecto, Javier Acevedo y Roberta Scavo (CC ARI), plantean que es necesario dotar a esta problemática de un marco institucional más amplio frente a casos graves que suelen exceder las herramientas pedagógicas de las escuelas. 

En los fundamentos del documento, advierten que la violencia áulica “no debe ser banalizada ni naturalizada porque no se trata de un mero juego de bromas entre adolescentes ni tampoco puede minimizarse diciendo que ‘son cosas de chicos'”. 

Además, incorporan una definición explícita del bullying, describiéndolo como “una conducta agresiva, violenta, intencional y repetitiva, verbal, física o psicológica contra un estudiante al que busca intimidar someter y dañar su autoestima generando inseguridad y miedo en el entorno escolar”.

En términos procedimentales, el texto habilita a los familiares de la víctima o a la propia institución educativa a solicitar la intervención directa de un Juez de Paz local, suprimiendo el requisito de una denuncia policial previa si no se presumen delitos contemplados en el Código Penal. 

El magistrado será el encargado de exigir a los adultos responsables del menor agresor el cumplimiento de las instrucciones y protocolos escolares. Si los tutores omiten estas directivas y el acoso persiste, el juez podrá imponer sanciones de forma progresiva, tales como amonestaciones, asistencia obligatoria a instancias formativas, trabajo comunitario o multas económicas. 

Finalmente, la propuesta prevé que todo lo recaudado por estas multas se destine a los Organismos Proteccionales de Niñez y Adolescencia para financiar campañas de concientización y prevención.