Río Negro perdió cerca de $200.000 millones en términos reales desde diciembre de 2023. No es una cifra abstracta: es menos inversión, menos salarios, menos obra pública y menos capacidad del Estado para sostener la vida cotidiana de nuestra gente.

Por Leandro García - Legislador Bloque PJ- Nuevo Encuentro

Nuestra provincia depende históricamente en un 65% de ingresos de origen nacional. Por eso, cuando cae la recaudación nacional, no estamos frente a una variable técnica: estamos frente a un problema estructural que condiciona toda la gestión pública. Menos recursos implican menos respuestas en salarios, en infraestructura y en el acompañamiento a los sectores productivos.
Los datos son contundentes.

Según estimaciones de la consultora Politikon Chaco, Río Negro pasó de recibir $1,9 billones en 2023 a $1,74 billones en 2024 y $1,76 billones en 2025 (a valores constantes). Es decir, la leve recuperación del último año no compensó la caída inicial. A diciembre de 2025, la pérdida acumulada ya era de más de $162.000 millones, a lo que se suman otros $36.000 millones en el primer trimestre de 2026. El resultado: una caída total cercana a los $200.000 millones desde que asumió el actual gobierno nacional.
Esto no es casualidad. Es consecuencia directa de un modelo económico que combina recesión, caída del consumo y ajuste fiscal. En febrero, los envíos automáticos a las provincias cayeron un 7,5% real interanual, mientras que en el primer bimestre la pérdida para el conjunto de provincias se acercó al billón de pesos.

A eso se suma una decisión política: recortar transferencias discrecionales, no distribuir ATN, paralizar la obra pública y reemplazar recursos por deuda. Se ofrecen adelantos de coparticipación o financiamiento condicionado, en muchos casos atado a decisiones legislativas. No es coordinación federal: es disciplinamiento financiero.
En materia productiva y laboral el impacto del modelo económico en Río Negro es profundo. Desde diciembre de 2023 se perdieron 1.577 puestos de trabajo registrados, y en dos años cerraron 376 empresas empleadoras privadas. Sectores clave como la industria, la construcción, el comercio, el turismo y la fruticultura están siendo golpeados por una política económica que desalienta la producción y el mercado interno.

Mientras tanto, las inversiones vinculadas al RIGI no logran compensar la caída de la actividad. Los ingresos extraordinarios asociados a esos proyectos apenas cubren una fracción de lo perdido de recursos ordinarios, y no generan el entramado productivo ni el empleo que la provincia necesita.
El problema no es solo nacional. También es provincial.

Río Negro cerró 2025 con un déficit financiero de más de $117.000 millones, multiplicando por más de siete veces el resultado del año anterior. Para sostener el funcionamiento del Estado, se recurrió a emisión de letras, sobregiros bancarios y acumulación de deuda con proveedores. Es decir, se patearon los problemas hacia adelante.

El 2026 encuentra a la provincia en una situación aún más delicada: caída de ingresos, sin perspectivas de recuperación, con vencimientos de deuda en pesos y dólares, y con un Estado tensionado en todas sus áreas. Solo en el primer trimestre la provincia enfrento vencimientos de deuda que superaron los $ 63.000 millones
El dato más preocupante es estructural: la masa salarial provincial ya representa el 126% de los ingresos por coparticipación en el inicio de este año. Esto muestra un descalce crítico entre recursos y gastos corrientes, que pone en riesgo la sostenibilidad financiera.

En paralelo, los trabajadores del Estado (docentes, médicos, policías y empleados públicos) arrastran una fuerte pérdida de poder adquisitivo desde 2023, mientras los problemas de infraestructura en salud, educación y seguridad se agravan sin financiamiento nacional.

Y también hay que mencionar el riesgo de que se resienta la propia recaudación provincial. Ingresos Brutos, que explica el 76% de los recursos propios, depende directamente del nivel de actividad. Si cae el consumo, cae la recaudación. Es un círculo vicioso que ya está en marcha y que también impacta en los municipios.

Frente a este escenario, el gobierno provincial eligió un camino: adaptarse al ajuste nacional en lugar de enfrentarlo. No reclama con firmeza los recursos que le corresponden a la provincia, no defiende el federalismo y no plantea una estrategia alternativa.

La pregunta inevitable: ¿cómo piensan sostener el funcionamiento del Estado en 2026? ¿Más ajuste sobre salarios? ¿Más endeudamiento? ¿Más paralización de la obra pública? ¿Más recorte del gasto social?

No hay margen para la improvisación ni para la resignación.

Río Negro necesita una dirigencia con coraje político, pero también con capacidad técnica para entender y gestionar una crisis financiera compleja. No alcanza con administrar la escasez: hay que discutir el modelo.

Desde el peronismo tenemos la responsabilidad de construir una alternativa que defienda a la provincia. Eso implica plantarse frente a un esquema económico que asfixia a las provincias, exigir una distribución más justa de los recursos (especialmente de nuestra riqueza energética) y poner en marcha una estrategia de desarrollo que fortalezca la producción, el empleo y el mercado interno.

Río Negro no puede resignarse a elegir entre ajustar o endeudarse para que todo siga funcionando mal.

Tiene que volver a discutir cómo crecer, cómo producir y cómo distribuir.

Y para eso, necesita conducción política con claridad económica y decisión para defender los intereses de su gente.