La mañana del martes 30 de marzo de 1982 el microcentro porteño ofrecía el aspecto de una ciudad sitiada por su propio gobierno. Carros de asalto, hidrantes, patrulleros, policías a caballo, militares con armas largas: el dispositivo desplegado revelaba que la Junta Militar conocía de antemano la magnitud de lo que venía. Desde la sede de la CGT Brasil, en la calle Brasil 1482, Saúl Ubaldini y la Comisión de los 25 habían convocado a marchar hacia Plaza de Mayo bajo una consigna que funcionaba, al mismo tiempo, como radiografía y como veredicto: paz, pan y trabajo. Llevaba la dictadura seis años demostrando su capacidad para administrar el terror. Esa mañana iba a descubrir que había perdido la capacidad para administrar el silencio.

Por Pedro Pesatti - Vicegobernador de Río Negro

Las columnas empezaron a formarse temprano. Llegaban desde los barrios porteños, desde el conurbano, desde las fábricas intervenidas y los sindicatos proscriptos, organizadas a pulmón con volantes improvisados, tizas y negro de humo en las paredes. Para muchos de los que marchaban aquella era la primera protesta callejera de sus vidas: habían transcurrido seis años sin una movilización de esa envergadura, desde que el golpe del 24 de marzo de 1976 clausuró la calle como espacio público. La multitud intentó avanzar hacia la Plaza, vallada y rodeada por la infantería. La represión la dispersó. Pero los manifestantes, en lugar de retirarse, se reagruparon en Tribunales, en Paseo Colón y en el Puente Pueyrredón, y volvieron a avanzar. Se  dispersaban y se reconstituían con la lógica de un organismo que ya había registrado que el miedo tiene un punto de saturación y que ese punto se había alcanzado. Desde los balcones, los vecinos arrojaban macetas y objetos contra las fuerzas represivas. En las gargantas de miles empezó a instalarse un grito que la dictadura procesaba por primera vez como amenaza cierta: “Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar”.

El saldo de la jornada fue el previsible en un régimen que solo disponía de un idioma. Más de dos mil detenidos en el microcentro. Ubaldini y toda la conducción cegetista, presos. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, preso. Integrantes de Madres de Plaza de Mayo, presas. En Mendoza, las balas de un fusil FAL disparadas desde un camión de Gendarmería alcanzaron al dirigente minero José Benedicto Ortiz, que moriría días después. Rosario, Neuquén, Tucumán y Mar del Plata replicaron la protesta. La movilización había dejado de ser un episodio porteño para convertirse en un fenómeno de alcance nacional. Y ese dato —la nacionalización del conflicto— alteró la ecuación dentro del propio dispositivo de poder.

Sin embargo, la Junta Militar tenía sobre la mesa el instrumento para responder, aunque la coyuntura aceleró los plazos hasta volverlos patéticos. Desde enero de 1982, reunidos en el edificio Libertador, los tres comandantes habían resuelto adoptar una nueva política sobre Malvinas. El almirante Jorge Anaya había condicionado su apoyo al ascenso de Galtieri a la presidencia a cambio de una promesa: recuperar las islas. La fecha original de la operación era el 9 de julio, Día de la Independencia. Pero la flota zarpó el 28 de marzo —dos días antes de la movilización obrera— y el comandante del teatro de operaciones fijó el 2 de abril como el día D.

La protesta del 30 confirmó lo que el poder ya procesaba como certeza: con un PBI desplomado en un once por ciento, una inflación descontrolada, una interna militar feroz y un movimiento obrero que, aun bajo persecución, volvía a llenar las calles, la dictadura se desintegraba desde adentro. Malvinas apareció entonces como la última carta disponible. La operación política era transparente: correr el conflicto por pan y trabajo hacia la esfera de la bandera, desplazar la pregunta por la legitimidad hacia la épica, sustituir la protesta por la adhesión.

Y la adhesión llegó. Malvinas convoca en la Argentina fibras que exceden cualquier coyuntura: soberanía, identidad, memoria de un despojo colonial de casi doscientos años. El 1 de abril, las delegaciones regionales de la CGT habían aprobado un documento que declaraba al Proceso en desintegración y exigía elecciones inmediatas; la publicación fue postergada sin difusión por los acontecimientos del día siguiente. El propio Ubaldini, liberado después del 30 de marzo, viajó a las islas en un avión militar junto a otros dirigentes sindicales. La plaza que tres días antes había sido campo de represión se llenó el 10  de abril para vivar a Galtieri. El mecanismo de desplazamiento había funcionado con eficacia notable: el reclamo democrático quedó en suspenso, subordinado a una unanimidad emocional que el régimen necesitaba como el aire.

Esa unanimidad, sin embargo, estaba edificada sobre la misma incompetencia que el movimiento obrero había salido a denunciar. La conducción militar envió soldados conscriptos de provincias cálidas al invierno austral sin equipo adecuado, improvisó la logística y desoyó a sus propios mandos operativos. La apuesta entera descansaba sobre un cálculo que la realidad pulverizó en semanas: que Gran Bretaña aceptaría el hecho consumado y resolvería el conflicto por vía diplomática. Pero Gran Bretaña envió una flota. Y la misma torpeza que había destruido la economía y ensangrentado la sociedad, trasladada al terreno bélico, produjo lo que produce siempre la incompetencia cuando opera bajo el amparo de la soberbia: tragedia.

Seiscientos cuarenta y nueve soldados argentinos muertos. Una derrota que adquirió de inmediato el carácter de sentencia política definitiva. La Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur —conocida como Comisión Rattenbach— fue creada en diciembre de 1982 para investigar lo que ya resultaba inocultable: la guerra había sido conducida como una improvisación criminal. El informe calificó la operación como una “aventura militar irresponsable” y documentó que la acción psicológica sobre la propia población fue una fábrica sistemática de mentiras. Las conclusiones resultaron tan demoledoras que la Junta las clasificó como secreto militar. Recién en 2012 se levantó formalmente esa reserva, aunque el texto circulaba desde 1983, cuando la revista Siete Días filtró fragmentos que dinamitaron cualquier intento de encubrimiento. En materia de responsabilidades penales, el informe recomendó la aplicación de penas máximas para Galtieri, Anaya y otros jefes superiores. En 1986 fueron condenados, pero cumplieron apenas cinco años: en octubre de 1989, Carlos Menem los indultó por decreto. Los tres murieron conservando sus grados y su estado militar. La impunidad cerró el círculo que la incompetencia había abierto.

La plaza volvió a llenarse después de la rendición del 14 de junio. Los que llegaron esa vez lo hicieron para insultar al mismo general que semanas antes había recibido la ovación desde el balcón de la Rosada. Galtieri intentó hablar y la multitud lo tapó. La policía reprimió otra vez, como el 30 de marzo, solo que ahora ya sin causa nacional que ofrecer como cortina, sin islas que agitar, sin épica disponible. Tres días después renunció.

Entre el 30 de marzo y ese junio de derrumbe transcurrieron apenas ochenta días. En ese arco mínimo, la dictadura pasó de reprimir obreros que pedían pan a enviar conscriptos a morir en el Atlántico Sur, y de llenar la Plaza con fervor patriótico a perderla definitivamente bajo una lluvia de insultos. Ubaldini volvió a la calle en los meses siguientes para encabezar la transición que el movimiento obrero había empujado desde el principio. En mayo de 1983 se convocó a elecciones.

Quienes habían gritado paz, pan y trabajo bajo las balas de goma del 30 de marzo llegaron a las urnas del 30 de octubre con la certeza de haber forzado, con el cuerpo, la puerta que el régimen había jurado mantener cerrada y que el espíritu de los 649 héroes de Malvinas dejó abierta para siempre.