La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta el proyecto que busca eliminar una contribución obligatoria del dos por mil sobre el monto de juicios contenciosos o voluntarios, destinada al Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur). La iniciativa se aprobó por mayoría, con 34 votos a favor y 9 en contra.

El oficialismo justificó la eliminación de esta contribución con el argumento de que se trata de una “carga obligatoria impuesta a terceros totalmente ajenos a la actividad sindical” y que no existe una contraprestación o beneficio para quienes la abonan.

La autora del proyecto, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), explicó que la iniciativa busca eliminar un “impuesto encubierto” o “peaje sindical” que la ciudadanía rionegrina debe afrontar para iniciar un proceso judicial. Mansilla sostuvo que esta contribución incrementa los costos para litigar, “violando el principio de que la justicia debe ser lo menos gravosa posible y al alcance de todos”.

Mansilla argumentó que no corresponde al Estado establecer obligaciones en exclusivo beneficio de una entidad sindical, la cual debe “autosolventarse” a través de sus afiliados. Aseguró que el proyecto se fundamenta en los principios de igualdad y de legalidad tributaria, buscando liberar a la sociedad de este pago que considera “totalmente injusto”. Para los rionegrinos, el costo de este aporte debe ser “cero peso”.

Lucas Pica (JSRN) calificó el financiamiento como “anómalo” y “contra natura”, destacando que Río Negro es la única provincia con una contribución de estas características. Afirmó que la contribución es un “privilegio” y que la derogación constituye una “reparación histórica para los 750.000 rionegrinos que son potenciales pagadores de esta tasa”.

Pica criticó que el Sindicato se negara a informar cuánto dinero recauda anualmente por este concepto, estimando que “la cifra actual podría superar los 200 millones de pesos anuales”. Sostuvo que la derogación no afecta la actividad gremial, ya que el gobierno actual ha fortalecido la negociación colectiva.

El legislador Santiago Ibarrolaza centró su intervención en la necesidad de garantizar un acceso más asequible a la justicia para los rionegrinos y en la coherencia de la reforma propuesta. Sostuvo que la contribución nunca debería haber existido porque es “injusto” y “arbitrario”.

Felicitó a la legisladora Mansilla por el “coraje de avanzar con un proyecto de ley que en algún punto representa a muchos de los abogados que litigamos en esta provincia”. Destacó la situación común en la que los ciudadanos (“doña Rosa”) se ven obligados a pagar varios costos al iniciar una demanda, incluyendo la tasa de justicia, el aporte al Colegio de Abogados y el “bono de Sitrajur”. Argumentó que estos costos, en conjunto, provocan que las personas, especialmente “los que menos tienen,” decidan no presentar sus reclamos y “se da vuelta y se va a la casa” sin iniciar ninguna demanda.

El legislador Javier Acevedo (CC Ari- Cambiemos) acompañó la derogación, señalando que la medida busca la “equidad frente a la ley y el derecho del ciudadano a poder litigar sin costos arbitrarios”. Indicó que los sindicatos deben sostenerse con aportes de sus afiliados, mediante “mecanismos legítimos, voluntarios y no con un mecanismo de impuesto encubierto”.

Acevedo propuso, junto con el legislador Santiago Ibarrolaza, que para la segunda vuelta se incorpore la derogación del artículo 135 de la Ley 5731, el cual otorga un aporte similar a los Colegios de Abogados.

Por el bloque Pro Unión Republicana, Juan Murillo, sostuvo que el ciudadano no debe tener que pagarle a Sitrajur para acceder a los tribunales.

Argumentó que esta contribución constituye un “privilegio”, y que el financiamiento de los sindicatos debe provenir de los trabajadores que “eligieron afiliarse, los que voluntariamente se afilian”. Enfatizó que el aporte es injusto porque afecta a las personas que acuden obligatoriamente al Poder Judicial y a la ciudadanía en general.

Finalmente, concluyó que la derogación corrige un “error que, reitero, creo que nunca tendríamos que haber discutido porque nunca tendría que haber existido”. El proyecto busca que la justicia sea “lo más accesible posible”, garantizando que ningún ciudadano tenga que pagar un “tributo injusto para ejercer un derecho básico que es el acceso a la justicia”.

Afirmó que “la justicia tiene que ser un derecho para todos y no un negocio gremial”. El orador aclaró que la medida no es “en contra del gremio, ni de los gremialistas ni de los trabajadores, sino es poner las cosas en orden”.

El presidente del bloque oficialista, Facundo López, enfocó su intervención en la naturaleza del aporte obligatorio a Sitrajur, calificándolo como un privilegio injusto que no beneficia al ciudadano común.

Consideró que la discusión central era sencilla: “definir si se está de acuerdo o no con que los rionegrinos paguen un porcentaje (el 2 por mil) a un sindicato cada vez que tienen un conflicto patrimonial”. Argumentó que el aporte constituye un “privilegio” y una “cuestión de casta sindical, ya que las organizaciones gremiales deberían financiarse con las cuotas de los afiliados que voluntariamente deciden sumarse, no de la ciudadanía general”.

Sostuvo que el 2 por mil se destina exclusivamente al uso del sindicato y no beneficia a los trabajadores judiciales. Indicó que la ley busca que los ciudadanos no paguen un porcentaje a un sindicato que no los representa, que no conocen, y que ni siquiera tiene “las ganas de explicarle cómo o en qué la gastan, ni cuánto ni cómo”.

Negó que el proyecto busque “hacer arrodillar al sindicato o menoscabar los derechos laborales”, argumentando que el gobierno provincial ha ampliado derechos, como devolver la zona desfavorable y la antigüedad.

López enfatizó que el proyecto no está diseñado para resolver la crisis del sistema de justicia. Su único objetivo es derogar el 2 por mil que paga cualquier rionegrino que no tiene nada que ver con el sindicato. Además, criticó la actitud de la oposición, señalando que buscan hacer un “circo” con un “escenario mentiroso de la polarización” para engañar a los rionegrinos.

Reafirmó que el propósito del proyecto es “sacar un privilegio que tiene un sindicato”, insistiendo en que el sindicato debe buscar el financiamiento mediante el aporte de sus afiliados.

Voces opositoras

Leandro García (PJ-NE) coincidió en que el proyecto “no resuelve ninguno de los problemas que se pretenden resolver” respecto al acceso a la justicia, y que la eliminación de este aporte solamente reduciría los costos de inicio de demanda en un 20%. García sugirió que el objetivo real es “disciplinar o intentar disciplinar un sindicato que critica la gestión gubernamental”.

Luciano Delgado Sempé (VcT) criticó que el debate se enfoque exclusivamente en derogar el 2 por mil a Sitrajur, en lugar de tratar una “reforma integral de la justicia”. Acusó al oficialismo de ser “coherente” al observar que “siempre atacan al trabajador y defienden a las corporaciones”, cuestionando por qué no se discutían los altos sueldos y viáticos del Superior Tribunal ni los honorarios de Fiscalía de Estado.

Aseguró que el verdadero propósito del proyecto es “disciplinar o intentar disciplinar un sindicato” que denuncia las deficiencias del gobierno y que no se arrodilla.

Ana Marks (PJ-NE) también se manifestó en contra, señalando que las decisiones legislativas siempre tienen valoraciones políticas. Sostuvo que la eliminación del 2 por mil es una “voluntad de dificultar la actividad gremial”. Cuestionó que eliminar este costo “mejore el acceso a la justicia”, argumentando que el problema de acceso se relaciona con la alta tasa de justicia y las demoras del Poder Judicial.

Señaló que la premura por tratar el proyecto ocurre poco después de que la Organización Internacional del Trabajo notificara una queja sobre posibles vulneraciones a derechos sindicales. Concluyó que el proyecto es parte de una matriz de pensamiento que busca “disciplinar” y debilitar a los trabajadores, empobreciendo a los judiciales al eliminar beneficios directos de salud y recreación.

El legislador José Luis Berros (VcT) calificó el proyecto como un “intento de silenciar y disciplinar a las organizaciones sindicales”. Sostuvo que el 2 por mil no es ningún privilegio, sino un derecho de los trabajadores, y que los fondos se destinan a fines sociales y sanitarios, como la cobertura de farmacia y estudios.

Sostuvo que la derogación perjudica a las familias de los trabajadores judiciales al poner en riesgo beneficios y los alojamientos sociales provistos por el sindicato. Enfatizó que el 2 por mil no es la verdadera “valla de acceso al Poder Judicial,” sino las costas judiciales exorbitantes y los casos de impunidad.

Odarda defendió a  SITRAJUR ante el ataque a los fondos sindicales

Durante la sesión legislativa de hoy, la legisladora provincial Magdalena Odarda (Bloque Vamos con Todos) manifestó un contundente rechazo al proyecto que propone derogar la contribución del 2 por mil en juicios patrimoniales destinados a la obra social, la capacitación y el sostenimiento institucional del sindicato SITRAJUR y de los Colegios de Abogados de la provincia.

Odarda advirtió que se trata de “un proyecto innecesario, que rompe la paz social y que ataca directamente a los trabajadores y trabajadoras judiciales, debilitando a sus organizaciones gremiales y afectando derechos adquiridos”.

Asimismo, señaló que el proyecto “no resuelve las verdaderas barreras de acceso a la justicia, que son la falta de independencia del Poder Judicial, el formalismo excesivo, los costos económicos y la impunidad en casos emblemáticos. En cambio, sí elimina prestaciones esenciales para miles de familias judiciales, como cobertura médica, prácticas bioquímicas y ginecológicas, alojamiento social y espacios recreativos”.

En ese sentido, la legisladora también cuestionó con dureza el estado actual del sistema judicial en Río Negro, advirtiendo que existe una creciente desconfianza de la ciudadanía frente a casos de impunidad que aún no han sido esclarecidos. Mencionó los casos de Otoño Uriarte, Gabriel Mandagaray, Lucas Muñoz, Atahualpa Martínez y Ramiro Dina como ejemplos de causas atravesadas por la falta de respuestas concretas, demoras injustificadas y ausencia de justicia real. Además, criticó la falta de independencia e imparcialidad del Superior Tribunal de Justicia (STJ), señalando que esta situación compromete la credibilidad institucional y debilita el acceso a una justicia equitativa y transparente.

Odarda recordó que incluso el Colegio de Abogados de General Roca se manifestó en contra de la iniciativa, subrayando la necesidad de mantener el equilibrio entre el Poder Judicial, los abogados y los trabajadores judiciales para garantizar un servicio de justicia eficaz y transparente.

Finalmente, la legisladora concluyó: “Estamos ante un retroceso institucional que desconoce derechos laborales, gremiales y convenciones internacionales. Río Negro no puede convertirse en una provincia hostil hacia quienes todos los días sostienen el servicio de justicia. Este proyecto es un peligroso precedente para la región y debemos frenarlo en defensa de los trabajadores y de la democracia”.

EL 2X1000 NO SE TOCA: LXS JUDICIALES DE RÍO NEGRO EN PIE DE LUCHA

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR), filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), se movilizó hoy en Viedma contra el intento de la Legislatura de derogar el histórico 2x1000, un mecanismo transparente y público que garantiza el financiamiento sindical y sostiene capacitación, cultura, acompañamiento frente a la violencia laboral y la defensa de los derechos de quienes trabajamos en el Poder Judicial.

El proyecto de ley ingresó en comisiones a comienzos de semana y, con sorprendente velocidad, pasó a tratamiento definitivo en apenas dos días. Fue impulsado por el bloque libertario Primero Río Negro y fue apoyado por Juntos Somos Río Negro, Unión Cívica Radical, CC ARI-Cambiemos y PRO-Unión Republicana.

Se trata de eliminar de un plumazo un derecho conquistado por lxs judiciales rionegrinxs: el aporte del 2% sobre montos condenatorios en causas patrimoniales, que constituye una herramienta fundamental para el sostenimiento de la organización gremial.

Gracias a esos recursos, el sindicato mantiene convenios con el IPROSS que aseguran cobertura de farmacia y prácticas de laboratorio, financia los sueldos de 19 trabajadorxs administrativos y desarrolla múltiples acciones sociales y jurídicas en beneficio de la afiliación. Frente a este intento de retroceso, SITRAJUR convocó a un paro el 30 de septiembre, con un acatamiento del 90%, y hoy volvió a movilizarse frente a la Legislatura.

“El proyecto es de una pobreza técnica llamativa y pretende borrar una construcción histórica que garantiza derechos y mejores condiciones laborales”, señaló el secretario general del SITRAJUR, Marco Calarco.

“Defender el trabajo es defender condiciones dignas, organización y acceso a derechos. Eso es lo que hace el sindicato cuando invierte el 2x1000: defiende el trabajo rionegrino con hechos y no con slogans”.

Desde la FJA reafirma que la defensa del 2x1000 es la defensa de la organización sindical, de la salud laboral y de los derechos de todxs lxs judiciales de Río Negro.