Con una fuerte postura sobre el daño que causan los discursos de odio, la legisladora Maricel Cévoli solicitó a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General incorporar su firma a los anteproyectos presentados por el vicegobernador, Pedro Pesatti, sobre la temática. “Ante la necesidad de tener protagonismo, perdemos la presencia del otro e incurrimos en constantes faltas de respeto”, expresó.
Se trata del anteproyecto de resolución para modificar el Reglamento Interno de la Legislatura y el de ley sobre prevención, prohibición y sanción de los discursos de odio en la función pública. De esta forma, ambas iniciativas continúan el circuito parlamentario como proyectos para luego ser tratados en la Comisión.
“Si nosotros nos apropiamos la palabra para pensar sobre la vida del otro, estamos faltándole el respeto a la gente que nos votó”, aseguró la legisladora.
Asimismo, explicó que de esta manera “lo único que hacemos es representar un discurso que genera más violencia y me preocupa, porque no permite que las personas vivan como deseen, sin ser agraviadas”.
“Una cosa es incorporar en el discurso expresiones que reflejen lo que uno piensa y otra cosa es la ironía y el sarcasmo en determinados contextos que manifiestan un odio totalmente encriptado en relación a derechos adquiridos”, concluyó Cévoli.
Anteproyecto de resolución para modificar el Reglamento Interno de la Legislatura
La iniciativa se inspira en estándares internacionales en materia de derechos humanos que impone a los Estados a prohibir expresiones de odio que constituyan incitación a la violencia o la hostilidad.
El proyecto incorpora nuevas disposiciones que tipifican al discurso de odio como falta grave de orden parlamentario y establece sanciones que van desde el apercibimiento hasta la exclusión definitiva del cuerpo, con las garantías del debido proceso.
Finalmente, la propuesta prevé una capacitación obligatoria para legisladores y personal de la Legislatura.
Anteproyecto de ley contra los discursos de odio en la función pública
La propuesta establece que será considerado discurso de odio toda expresión que incite, promueva o justifique la discriminación, la hostilidad o la violencia contra personas o grupos por motivos de etnia, religión, género, orientación sexual, discapacidad, condición social, opinión política u otras características protegidas por el bloque de constitucionalidad federal. Allí se prevé sanciones disciplinarias que van desde el apercibimiento y la suspensión hasta la cesantía o exoneración en los casos más graves. Además, establece medidas de reparación simbólica, como la retractación pública o la realización de actividades de formación y servicio comunitario.
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