Argentina mantiene desde hace décadas una tensión no resuelta entre el discurso ambiental y la política pública concreta. El dato estructural —visible, persistente, documentado— es que, mientras se multiplican los foros internacionales sobre desarrollo sostenible y se ratifican compromisos globales, en el plano doméstico no existe una política ambiental integral, sostenida ni con anclaje federal. Lo que hay es una superposición de normas, programas y organismos que operan de forma fragmentaria, muchas veces desconectados de las necesidades reales del territorio.

Por Pedro Pesatti - Vicegobernador de Río Negro

Un ejemplo que sintetiza esta disfuncionalidad institucional es el de los basurales a cielo abierto. Según estimaciones oficiales, todavía existen más de 6.000 en todo el país. La cifra no sorprende: lo notable es la naturalización del fenómeno. No sólo por la escala del impacto ambiental y sanitario que implican, sino porque detrás de cada uno de esos sitios hay una decisión —o una omisión— de carácter político.

Erradicar los basurales a cielo abierto exige una estrategia federal, continuidad presupuestaria, articulación interjurisdiccional y, sobre todo, voluntad sostenida. Ninguna de esas condiciones está hoy garantizada.

Argentina ha ensayado —con mayor o menor coherencia— un conjunto de leyes ambientales: la Ley General del Ambiente (25.675), la de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos (26.331), la de Glaciares (26.639), la de Cambio Climático (27.520), incluso la misma Ley 25.916 de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos Domiciliarios. Ninguna de ellas ha logrado conformar un sistema integral.

Se trata más bien de compartimentos normativos que, sin articulación institucional ni financiamiento estructural, tienen un alcance limitado y, muchas veces, meramente simbólico. No existe una conducción centralizada ni una lógica federal de implementación.

Cabe mencionar que los últimos proyectos para la remediación de basurales a cielo abierto y la construcción de plantas de clasificación, plantas de transferencia de residuos y rellenos sanitarios para disposición final —como los proyectos GIRSU I y II— han sido financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y no por recursos presupuestarios propios.

En ese contexto, la eliminación del Ministerio de Ambiente por parte del actual Poder Ejecutivo es una señal alarmante. Implica, ante todo, que el ambiente ha dejado de ser una prioridad política y, paradójicamente, refuerza la necesidad de establecer —por ley— un piso mínimo institucional que no pueda ser alterado por el decreto de un presidente ni por la lógica pendular de los gobiernos.

Ahora bien, reducir el problema a la desaparición de una estructura ministerial sería un análisis incompleto. Durante la administración anterior, el Ministerio de Ambiente operó sin una asignación presupuestaria suficiente, sin capacidad de coordinación federal efectiva y con escasa incidencia territorial.

Es decir: el problema no es sólo la existencia o no de un ministerio, sino la ausencia de un sistema legal que obligue al Estado —en todos sus niveles— a sostener una política ambiental con continuidad, recursos y responsabilidad compartida.

El caso de Viedma permite ilustrar esta situación con claridad. En mi paso como intendente de la ciudad, el municipio puso en marcha —sin asistencia financiera del Estado nacional ni provincial— un sistema de separación de residuos y un relleno sanitario para el confinamiento final de los desechos urbanos. Lo hizo con recursos propios, sin un marco de cooperación que lo respalde, ni una legislación nacional que acompañe el esfuerzo.

Nuestra experiencia expone un problema estructural: en Argentina no existe un esquema federal de apoyo a los municipios que deciden avanzar en una política ambiental para eliminar la emisión de gases de efecto invernadero que se producen en los basurales a cielo abierto. Y más grave aún: el costo de mantener estos sistemas duplica el de los modelos tradicionales, que simplemente trasladan residuos a basurales sin tratamiento, donde en muchos casos viven o trabajan familias en condiciones de extrema vulnerabilidad social.

Este dato —el costo operativo— revela un segundo nivel de análisis. No basta con financiar la infraestructura inicial. Lo esencial es garantizar una fuente de financiamiento permanente para sostener el funcionamiento cotidiano de los sistemas. Sin una ley que prevea esa asignación, las políticas ambientales quedan atadas al ciclo presupuestario anual y, por lo tanto, a la discrecionalidad del poder político.

A instancias de la participación de Viedma en el Comité Consultivo de Operadores Públicos de Residuos —diseñado y constituido por el Banco Interamericano de Desarrollo para toda América Latina y el Caribe— se ratificó el diagnóstico precedente. Quedó de manifiesto que la ausencia de políticas públicas ambientales y sociales respecto de la gestión de residuos no hace más que profundizar las crisis climáticas y comunitarias, dejando a los gobiernos locales a la deriva frente a una problemática transversal y federal.

De allí la necesidad de una Ley Integral de Ambiente con Perspectiva Federal, que funcione como un andamiaje normativo, presupuestario e institucional para articular las responsabilidades de Nación, provincias y municipios. Una ley que no sólo unifique las disposiciones legales existentes, sino que garantice la creación de un fondo federal específico, con distribución equitativa y metas de cumplimiento obligatorio. Y que establezca además un ámbito de planificación y decisión ambiental con participación vinculante de las provincias, evitando que las políticas se diseñen en el centro sin comprender ni financiar las urgencias del territorio.

La erradicación de los basurales a cielo abierto debería ser el primer objetivo de esa ley. No sólo por el impacto ambiental, sino porque es el punto de partida realista para pensar una transición ecológica. Lo demás —el cambio climático, la transición energética, los mercados de carbono— no deja de ser importante. Pero sin resolver primero cómo se gestiona la basura diaria, el discurso ambiental se vuelve declamación vacía.

La política ambiental no admite improvisaciones. Requiere continuidad, inversión, federalismo operativo y decisión institucional. La propuesta de una Ley Integral de Ambiente con Perspectiva Federal es fundamental para garantizar la gobernabilidad de la agenda ambiental desde una concepción estructural.

Al establecer lineamientos uniformes, mecanismos de cooperación, financiamiento garantizado y metas comunes, esta ley se transformará en la herramienta clave para una política ambiental permanente, equitativa y sustentable, que empiece por lo esencial: erradicar los basurales a cielo abierto. Porque lo primero es empezar por lo que nadie quiere ver, pero cuyo impacto en la producción de gases de efecto invernadero es más relevante que cualquier otro factor que se pretenda apuntar en la lucha contra el calentamiento global.