La legisladora provincial Magdalena Odarda, integrante del bloque parlamentario Vamos con Todos presentó hoy un recurso de revisión ante el Ministerio Público Fiscal, luego de que la Fiscalía N° 4 decidiera desestimar la denuncia penal por el convenio celebrado entre el Gobierno de Río Negro y la empresa estatal israelí Mekorot.

La denuncia fue presentada este año con el objetivo de que se investigue la posible comisión de diversos delitos por parte de funcionarios públicos provinciales, entre ellos el abuso de autoridad, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la eventual afectación de la soberanía sobre bienes naturales estratégicos. El acuerdo con Mekorot fue firmado sin publicación oficial, sin tratamiento legislativo ni consultas públicas, y con cláusulas que restringen el acceso a la información generada sobre los recursos hídricos de la provincia.

“El contenido del convenio —centrado en el análisis estratégico del agua en el territorio provincial, la proyección de la demanda, el diseño de una autoridad regulatoria, el cálculo del valor económico del agua, e incluso la eventual planificación de su comercialización o distribución— compromete directamente aspectos fundamentales de la gestión pública, de altísimo interés para la comunidad rionegrina”, señaló Odarda.

El recurso presentado por la legisladora, sostiene que la desestimación del Ministerio Público es jurídicamente errónea y carece de una valoración integral del daño institucional que representa este tipo de acuerdos. En particular, cuestiona que no se haya publicado el contrato en el Boletín Oficial ni en ningún sitio web oficial; que no se haya remitido a la Legislatura, como exige la Constitución provincial para convenios con entidades extranjeras; que se haya cedido propiedad intelectual sobre los conocimientos obtenidos respecto de bienes naturales comunes; que no se haya convocado a ninguna instancia de consulta pública; y que la entonces gobernadora haya actuado al margen de los controles republicanos, comprometiendo el interés público provincial.

“El Estado no puede entregar la información estratégica sobre nuestros bienes naturales comunes, que en este caso es el agua, ni firmar acuerdos de espaldas a la ciudadanía. Este tipo de prácticas vulnera la Constitución, restringe el acceso a la información pública y erosiona los principios democráticos”, concluyó Odarda.

La causa deberá ser ahora revisada por el fiscal superior en orden de jerarquía, quien tendrá la responsabilidad de decidir si revoca la desestimación y da curso a la investigación judicial solicitada.