A partir de una problemática oportunamente planteada por la Federación de Empresas y Entidades de Comercio, Industria, Servicios y Producción de Bariloche y zona Andina (FEEBA) ante el gobernador Alberto Weretilneck, el presidente de la federación, Leonardo Marcasciano, encabezó ayer una reunión de trabajo destinada a abordar el costo de la potencia contratada y su impacto en la competitividad de las empresas de la región.

Del encuentro, realizado el 18 de junio, participaron además Claudio Cabaleiro, Franco Lappena y Guido Ferrari por la federación, junto a Santiago Yanotti, Secretario de Energía Eléctrica, y Juan Bautista Justo, presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

La problemática planteada por FEEBA se centra en las empresas que, por superar determinado nivel de consumo, deben celebrar contratos de potencia contratada para garantizar su suministro. Ese concepto se factura de manera independiente a la tarifa y debe abonarse con prescindencia de que la potencia se utilice o no, lo que genera un costo fijo que distorsiona la estructura de gastos de muchas compañías, obligadas en la práctica a pagar por una capacidad que no llegan a consumir.

En ese marco, y tras el análisis de la situación, las partes definieron tres líneas de acción. En primer lugar, se convocará a especialistas para evaluar y asesorar de manera integral a las empresas socias que lo soliciten, con el fin de revisar sus contratos y determinar con precisión la potencia que efectivamente requieren, evitando así pagar por kilovatios que luego no utilizan. En segundo término, el EPRE emitirá un decreto para conformar una mesa técnica que analizará la estructura de costos sobre la que se define el valor del kilovatio de potencia contratada. Finalmente, se trabajará en consultorías y en el desarrollo de líneas de financiamiento para energías renovables, como vía para reducir el costo energético del entramado productivo regional.

Con estas gestiones, FEEBA reafirma su rol como interlocutor del sector empresario ante los distintos niveles del Estado y su compromiso de impulsar soluciones concretas frente a los factores que condicionan la competitividad de las empresas locales.