Desde el espacio político Incluyendo Bariloche, la presidenta del partido, Andrea Galaverna, y el titular del bloque de concejales, Leandro Costa Brutten, cuestionaron duramente la decisión del intendente de Bariloche, Walter Cortés, de vetar la ordenanza que impulsaba la creación de un Centro Municipal de Residencia para Personas Mayores.
A través de un comunicado, sostuvieron que la medida desconoce la realidad que atraviesan numerosas familias que no cuentan con recursos para afrontar servicios privados de cuidado y advirtieron que la responsabilidad de la asistencia a adultos mayores dependientes recae mayoritariamente sobre mujeres.
Además, señalaron que el cuidado constituye un derecho reconocido por tratados internacionales y afirmaron que la falta de dispositivos públicos profundiza situaciones de vulnerabilidad, especialmente entre personas mayores que viven solas o carecen de redes familiares de contención.
El pronunciamiento se produjo luego de que el Concejo Municipal ratificara el veto impuesto por el Ejecutivo a la iniciativa aprobada previamente por el cuerpo legislativo.
“Que de los viejos se ocupen sus familias”: el polémico veto del intendente de Bariloche a un hogar municipal para adultos mayores
El mandatario justificó su decisión alegando que él “se ocupa de su mamá”. ¿Qué significa eso en su realidad? ¿Qué le cocina todos los días? ¿La ayuda a higienizarse? ¿Le administra los remedios a diario, la lleva al médico y se asegura de su bienestar? ¿O simplemente invierte una parte de su dinero para que lo haga su hermana o un equipo de cuatro cuidadoras? No todas las personas adultas mayores pueden sostenerse con una simple colaboración económica; no todas las familias pueden costearlo. El cuidado es un derecho humano del que hoy el Estado se desentiende, dejando que recaiga en lo cotidiano sobre los hombros de mujeres: hijas, nietas, hermanas, en su mayoría de bajos recursos. ¡El trabajo de cuidado es trabajo no remunerado!
Miles de mujeres se ven obligadas a tener trabajos precarios y de media jornada porque el resto de su día lo dedican a cuidar a personas adultas dependientes, personas con discapacidad y niñxs. Son familias que no pueden pagar un hogar privado, y menos en medio de la brutal crisis económica que atraviesa nuestro país. Con su declaración, el jefe comunal no solo mostró una alarmante falta de empatía, sino también un profundo desconocimiento de la realidad del envejecimiento en Argentina y América Latina, donde la mayor parte de la población adulta mayor dependiente son mujeres. Lejos de ser un asunto privado o familiar, el cuidado es un derecho reconocido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, un tratado que nuestro país suscribió y que obliga al Estado a garantizar sistemas de cuidado integrales, accesibles y con perspectiva de género.
En el contexto económico actual, la decisión del intendente resulta aún más cruel y desacertada. Con una inflación que erosiona mes a mes los ingresos y con jubilaciones devaluadas, un hogar privado es un lujo inaccesible incluso para la clase media. La salida del intendente —“que se ocupen los familiares”— es ideológica, sesgada y misógina. Niega una realidad violenta: las familias ya no tienen recursos ni tiempo, y son las mujeres quienes terminan sacrificando su propio desarrollo y renunciando a sus empleos para asumir la carga.
Al vetar este hogar público municipal, el intendente barilochense parece ignorar tres realidades urgentes:
- La brecha de género y clase: El cuidado asfixia económicamente a las mujeres de bajos recursos, condenándolas a la precariedad laboral.
- El desamparo total: Existen personas adultas mayores que están solas, no tienen familiares directos o sus vínculos están rotos.
- La feminización de la vejez: Las mujeres viven más años y presentan mayor fragilidad en su salud, por lo que son la gran mayoría de quienes necesitan asistencia.
Vetar un hogar público no es un simple recorte presupuestario: es invisibilizar a quienes no tienen una familia que “se ocupe” y asfixiar a quienes, teniéndola, ya no dan más. Es perpetuar la idea retrógrada de que el cuidado es un favor familiar y no un derecho. Es, en definitiva, gobernar de espaldas a los tratados internacionales y a la emergencia cotidiana de la comunidad. Un hogar no es un depósito, es un espacio de cuidado digno. No son "viejos" para descartar: son personas, sujetos de derecho. Y el Estado tiene la obligación de dar una respuesta.
Andrea Galaverna - Presidenta del Partido Incluyendo Bariloche
Leandro Costa Brutten - Presidente del Bloque de Concejales Incluyendo Bariloche
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