La sesión extraordinaria convocada este martes en el Concejo Municipal de Bariloche finalmente dejó como resultado la ratificación de los vetos impuestos por el intendente Walter Cortés a tres ordenanzas sancionadas previamente por el cuerpo legislativo. La decisión impactó de lleno en iniciativas vinculadas al ingreso de trabajadores contratados a planta permanente, la creación de un Centro Municipal de Residencia para Personas Mayores y la modificación de los límites máximos de velocidad en distintos sectores de la ciudad, generando fuertes debates políticos y cuestionamientos tanto dentro como fuera del recinto.

Cabe señalar que uno de los expedientes analizados este lunes 01 de junio en el mismo ámbito fue el correspondiente a la Resolución 1395-I-26, mediante la cual el intendente vetó en forma total la ordenanza 3574-CM-26. La norma establecía nuevos límites de velocidad máxima de circulación vehicular en distintos sectores de Bariloche. Desde el Ejecutivo se cuestionó la implementación de la medida y se consideró necesario dejar sin efecto la ordenanza aprobada por los concejales.

La discusión sobre este punto también generó intercambios entre los ediles. Algunos defendieron la necesidad de avanzar en modificaciones vinculadas a la seguridad vial y la prevención de siniestros, mientras que otros respaldaron los fundamentos del veto y plantearon la necesidad de contar con estudios técnicos y evaluaciones complementarias antes de introducir cambios en la normativa vigente.

En la jornada de este martes, la discusión más intensa giró en torno al veto total de la ordenanza 3568-CM-26, que disponía el ingreso a planta permanente de personal contratado del municipio. La medida había sido aprobada por mayoría en el Concejo, pero fue rechazada por el Ejecutivo municipal mediante la Resolución 1397-I-26. La ratificación de ese veto provocó expresiones de malestar por parte de trabajadores municipales, representantes sindicales y algunos bloques políticos que defendían la iniciativa como una herramienta de estabilidad laboral para empleados con años de prestación de servicios.

Durante la sesión, los concejales debatieron extensamente sobre las facultades del Ejecutivo para objetar las ordenanzas sancionadas por el cuerpo y sobre la conveniencia o no de sostener las medidas impulsadas originalmente por el Concejo. Los argumentos expuestos reflejaron profundas diferencias respecto de la administración de los recursos municipales, la planificación presupuestaria y el alcance de las decisiones legislativas.

Otro de los temas abordados fue la Resolución 1396-I-26, mediante la cual Cortés vetó totalmente la ordenanza 3573-CM-26, que creaba el Centro Municipal de Residencia para Personas Mayores. La iniciativa había sido presentada como una herramienta para ampliar la asistencia y el acompañamiento a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

En el debate, algunos concejales defendieron la importancia social de la propuesta y remarcaron la necesidad de generar políticas públicas destinadas a este sector de la población. Desde otra postura, se planteó que la iniciativa requería definiciones presupuestarias y operativas que no estaban suficientemente contempladas, respaldando así la decisión del Ejecutivo.

Sin embargo, el expediente que concentró la mayor atención política y sindical fue el referido al pase a planta permanente de trabajadores contratados. El proyecto había generado expectativas entre numerosos empleados municipales que aguardaban una definición sobre su situación laboral.

Durante el tratamiento legislativo se escucharon posiciones encontradas. Mientras algunos concejales sostuvieron que la estabilidad laboral constituye un derecho para quienes cumplen funciones permanentes dentro de la administración municipal, otros argumentaron que cualquier incorporación a planta permanente debe realizarse respetando criterios presupuestarios, administrativos y legales que garanticen la sustentabilidad del Estado municipal.

La votación estuvo rodeada de tensión y fuertes cruces políticos. Además de las diferencias sobre el fondo de los proyectos, también surgieron cuestionamientos vinculados a la conformación de la sesión y a las condiciones en las que se desarrolló el tratamiento de los vetos, aspectos que fueron mencionados durante las intervenciones de distintos sectores.

Tras conocerse el resultado, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) Bariloche difundió un duro comunicado en el que cuestionó la ratificación del veto al pase a planta permanente. La organización sostuvo: “Hoy se ratificó el veto por el pase a planta de Intendencia, pero no podrán vetar la dignidad de los trabajadores ni la legitimidad de una lucha que lleva años reclamando justicia y estabilidad laboral”.

El gremio además manifestó reparos respecto de la realización de la sesión extraordinaria y aseguró que “este resultado se produjo en el marco de una convocatoria que no garantizó la participación plena de la totalidad de los representantes electos ni el funcionamiento íntegro del proceso de votación en un tema de enorme trascendencia para cientos de familias trabajadoras”.

En otro tramo del comunicado, SOYEM cuestionó los argumentos económicos utilizados para justificar el rechazo de la ordenanza. “Resulta contradictorio que se argumente un impacto económico para rechazar el pase a planta permanente cuando los trabajadores ya cumplen funciones, perciben sus salarios y sostienen servicios esenciales”, expresó la entidad sindical.

El documento también planteó interrogantes sobre la administración de los recursos municipales al señalar: “Si el costo económico es prácticamente nulo, ¿por qué se utiliza ese argumento para negar estabilidad laboral? Y si el problema es presupuestario, la comunidad merece una respuesta clara: ¿cuánto cuesta la estructura política municipal y cuáles son las verdaderas prioridades en el destino de los recursos públicos?”. Asimismo, el sindicato agradeció “el acompañamiento de los concejales y concejalas que respaldaron esta iniciativa”.

Con la ratificación de los tres vetos impulsados por el intendente Walter Cortés, las ordenanzas quedaron definitivamente sin efecto y se cerró uno de los capítulos políticos más controvertidos de las últimas semanas en el Concejo Municipal. No obstante, las repercusiones continúan abiertas. Mientras el Ejecutivo sostiene sus objeciones a las iniciativas sancionadas por el cuerpo legislativo, desde sectores sindicales y parte de la oposición anticipan que seguirán reclamando por la estabilidad laboral de los trabajadores contratados y por la recuperación de los proyectos que no lograron superar el veto municipal.