Con fuertes cruces políticos, cuestionamientos ambientales y posiciones marcadamente enfrentadas, se desarrolló este jueves en San Carlos de Bariloche la Audiencia Pública destinada a la exposición y consulta del Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral, convocada por el Ejecutivo municipal mediante la Resolución 00001469-I-2026.

La jornada, realizada en el Gimnasio Municipal Nº3, dejó expuesta la profunda división existente en torno al proyecto impulsado por el gobierno del intendente Walter Cortés para redefinir parámetros urbanísticos en uno de los sectores más sensibles y estratégicos de la ciudad.

La audiencia reunió a más de un centenar de oradores entre funcionarios, concejales, representantes empresariales, organizaciones ambientales, instituciones técnicas, vecinos y referentes sociales. Desde el inicio quedó evidenciado que el debate trascendía una discusión estrictamente urbanística y se convertía en una fuerte disputa política sobre el modelo de desarrollo futuro del Cerro Catedral y el manejo de tierras públicas municipales.

Uno de los ejes centrales de la controversia estuvo vinculado al temor expresado por sectores opositores y organizaciones ambientalistas respecto de una posible habilitación indirecta de desarrollos inmobiliarios privados en tierras públicas del Catedral. Aunque desde el Ejecutivo insistieron en que el expediente solamente establece parámetros urbanísticos generales y no autoriza construcciones específicas, gran parte de los cuestionamientos giraron precisamente sobre las consecuencias futuras que podría habilitar el nuevo esquema.

Durante varias exposiciones hubo críticas directas hacia la gestión municipal por la falta de precisiones técnicas y por la velocidad con la que avanzó el procedimiento administrativo. Algunos participantes cuestionaron además que la audiencia se realizara en medio de un escenario de alta conflictividad política y judicial, luego de la presentación de acciones legales que intentaron suspender la convocatoria.

El clima de tensión aumentó en distintos momentos de la jornada con cruces verbales entre sectores que respaldan el proyecto y grupos que rechazan cualquier modificación urbanística en el área del Catedral. Hubo planteos vinculados a la protección ambiental, la preservación del patrimonio público, el impacto sobre servicios e infraestructura y el riesgo de profundizar procesos de especulación inmobiliaria en una de las zonas más cotizadas de Bariloche.

Las posiciones más críticas provinieron de organizaciones ambientalistas, vecinos autoconvocados y referentes técnicos que reclamaron mayor información sobre el impacto acumulativo del desarrollo urbano proyectado. Algunos expositores advirtieron sobre posibles consecuencias sobre bosques, recursos hídricos, movilidad y sustentabilidad ambiental del área cordillerana.

También hubo cuestionamientos políticos vinculados a la relación entre el Municipio y la empresa concesionaria Catedral Alta Patagonia (CAPSA), que acompaña el desarrollo del Plan Director. Parte de los oradores planteó dudas sobre el alcance real de futuras inversiones privadas y reclamó mayores garantías respecto del control público sobre el territorio involucrado.

En contrapartida, funcionarios municipales y sectores vinculados al turismo defendieron la necesidad de actualizar el marco urbanístico del Catedral y sostuvieron que Bariloche necesita reglas claras para ordenar el crecimiento de uno de sus principales motores económicos. Desde el oficialismo remarcaron que el plan busca establecer criterios de planificación y no implica, por sí mismo, la venta de tierras públicas ni autorizaciones automáticas de obras.

La secretaria de Planeamiento Territorial, Sofía Maggi, reiteró durante la audiencia que el área alcanzada representa aproximadamente el 4% de la superficie total del Catedral y explicó que el capítulo originalmente vinculado a una eventual asociación público-privada fue retirado del expediente justamente para evitar interpretaciones sobre privatización o cesión de patrimonio estatal.

A lo largo de la jornada también se registraron críticas al mecanismo administrativo utilizado para impulsar el tratamiento del proyecto. Algunos sectores consideraron insuficientes los tiempos de análisis de la documentación técnica y reclamaron procesos participativos más amplios antes de avanzar hacia definiciones urbanísticas de largo plazo.

El desarrollo de la audiencia estuvo atravesado además por el contexto judicial abierto en torno al expediente. Horas antes del inicio, el juez en lo contencioso administrativo Roberto Sosa Lukman rechazó una medida cautelar que pretendía suspender la convocatoria, aunque el planteo judicial de fondo todavía continúa en análisis.

En términos políticos, la audiencia expuso uno de los debates más sensibles que enfrenta actualmente la gestión de Cortés. El Cerro Catedral concentra históricamente tensiones entre desarrollo turístico, negocios inmobiliarios, preservación ambiental y uso de tierras públicas, en una ciudad donde el crecimiento urbano suele generar fuertes controversias sociales y políticas.

A pesar de los cuestionamientos y rechazos expresados durante la jornada, la audiencia tiene carácter consultivo y no vinculante. Esto significa que las exposiciones no obligan al Ejecutivo a modificar el contenido del expediente, aunque todas las opiniones, observaciones y objeciones deberán incorporarse formalmente al proceso administrativo.

De ahora en más, el Municipio deberá elaborar el informe técnico final de la audiencia pública incorporando las presentaciones realizadas por los oradores. Posteriormente, el expediente continuará su tratamiento administrativo y político dentro de las áreas competentes del Ejecutivo municipal.

En paralelo, no se descarta que continúen las acciones judiciales impulsadas por sectores opositores y organizaciones civiles que cuestionan aspectos del procedimiento y del contenido del Plan Director. Algunas entidades ya anticiparon que seguirán monitoreando el avance del expediente y podrían ampliar sus planteos legales si consideran que existen irregularidades administrativas o afectaciones ambientales.

La discusión sobre el futuro del Cerro Catedral quedó así lejos de cerrarse. La audiencia pública no sólo dejó al descubierto fuertes diferencias sobre el modelo de desarrollo urbano de Bariloche, sino también una creciente tensión política y social alrededor de uno de los territorios más estratégicos, sensibles y disputados de la ciudad.