En San Carlos de Bariloche existen actualmente 38 barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), donde miles de familias viven en condiciones de vulnerabilidad y con dificultades históricas para acceder a la tierra y a una vivienda digna. Esta realidad se enmarca en una crisis habitacional profunda, agravada por la falta de políticas públicas sostenidas y por la paralización de obras fundamentales, como el desarrollo del programa Procrear en el barrio El Cóndor, que contempla alrededor de 140 viviendas y permanece detenido desde hace años por ausencia de financiamiento nacional.

En este contexto, el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada introduce modificaciones que generan seria preocupación respecto del impacto que podrían tener sobre los barrios populares y sobre los procesos de regularización dominial establecidos por la Ley N.º 27.453. La propuesta de agilizar los desalojos mediante procedimientos sumarísimos y la posibilidad de ordenar la restitución anticipada de un inmueble en un plazo de cinco días, aun cuando se invoque la protección frente a “ocupaciones ilegítimas”, abre la puerta a que estas herramientas sean utilizadas contra familias que se encuentran en pleno proceso de formalización de sus derechos y que aún no cuentan con títulos de propiedad.

Asimismo, el proyecto plantea un esquema de descentralización que traslada a provincias y municipios la responsabilidad de diseñar sus propios regímenes, lo que podría derivar en un desfinanciamiento y en una marcada desigualdad territorial. La dilución de la responsabilidad del Estado Nacional expone la política habitacional a la disponibilidad presupuestaria y a la voluntad política de cada jurisdicción, poniendo en riesgo los avances logrados en materia de integración socio-urbana.

Es importante recordar que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el Estado debe garantizar el acceso a una vivienda digna como parte de los derechos de seguridad social. La falta de financiamiento, la ausencia de una agenda habitacional y la transferencia de responsabilidades sin recursos suficientes constituyen una vulneración concreta de este mandato constitucional.

Nuestra ciudad enfrenta un déficit habitacional que afecta por lo menos a diez mil hogares, un 25% del total (Guevara, Medina y Bonilla, 2017). De acuerdo con estos autores, existen 3500 familias viviendo en barrios populares que enfrentan problemas de regularización dominial y de acceso a servicios básicos.

La implementación de una ley sin un enfoque integral, sin resguardo para las poblaciones vulnerables y sin políticas públicas que acompañen la regularización, no solo profundiza la incertidumbre y los obstáculos administrativos, sino que también incrementa el temor en comunidades que ya enfrentan condiciones de vida precarias.

El Estado tiene la obligación indelegable de garantizar derechos básicos, entre ellos el acceso a una vivienda digna. Cualquier normativa que avance sin contemplar la realidad de los barrios populares y sin asegurar los recursos necesarios para su integración corre el riesgo de generar retrocesos significativos y de profundizar las desigualdades existentes.