El concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, presentó este martes en el Concejo Municipal un proyecto de comunicación que propone expresar el rechazo de Bariloche al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno Nacional. La iniciativa, según el autor, busca advertir sobre “una grave regresión en los derechos conquistados por las y los trabajadores argentinos” y defender los principios de justicia social consagrados en la Constitución.

El proyecto ingresó formalmente al cuerpo legislativo y deberá pasar primero por la Comisión Legislativa, antes de ser tratado en una próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante. De aprobarse, el texto comunicará oficialmente al Poder Ejecutivo Nacional la posición contraria del municipio ante las modificaciones propuestas bajo el argumento de “modernizar el mercado de trabajo”.

Para Costa Brutten, las medidas impulsadas por el Gobierno nacional “no representan una actualización normativa sino una transformación estructural que debilita el empleo, la producción y los derechos laborales básicos”. En ese sentido, advirtió que el paquete de reformas traslada los riesgos económicos y la inestabilidad hacia los trabajadores, al tiempo que amplía los márgenes de flexibilidad de las empresas.

Entre los fundamentos del proyecto, el concejal destaca que la iniciativa oficial afecta pilares centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, la negociación colectiva y la seguridad social. “Bajo un discurso de eficiencia y competitividad, lo que se promueve es un modelo de desprotección y fragmentación del poder sindical”, sostuvo.

Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de celebrar convenios por empresa que prevalezcan sobre los acuerdos por actividad. Según explicó el edil, esa disposición “fragmenta la negociación colectiva, debilita la organización sindical y coloca a los trabajadores en una posición de mayor vulnerabilidad frente al empleador”.

También se objeta la eliminación de la llamada “ultraactividad” de los convenios colectivos, lo que permitiría que pierdan vigencia una vez vencido su plazo sin que exista un nuevo acuerdo. “Esa medida otorga a las patronales una ventaja desmedida y deja a miles de empleados sin marco de protección durante las negociaciones”, señaló Costa Brutten.

Entre las medidas más controvertidas, el concejal enumeró la creación del denominado “banco de horas laborales”, que habilitaría a las empresas a compensar picos productivos sin pagar horas extras. Para el autor del proyecto, esta modalidad “reduce la previsibilidad, incrementa la sobrecarga laboral y se traduce en menor remuneración real”.

En el mismo sentido, el texto advierte sobre la ampliación de la jornada flexible, que permitiría extender horarios laborales “en detrimento del descanso, la salud y la vida familiar”. Además, critica la fragmentación del período de vacaciones, que pasaría a dividirse en tramos más cortos, afectando el carácter reparador de ese derecho.

Otro punto central del documento es la revisión del régimen indemnizatorio. Costa Brutten señaló que la introducción de topes y la exclusión de ciertos conceptos del cálculo —como el aguinaldo o los bonos— “desnaturaliza el principio de estabilidad y reduce la compensación ante un despido injustificado”.

El proyecto local también rechaza la creación de fondos privados de cese laboral, que reemplazarían la indemnización tradicional por un sistema de capitalización individual. “Este esquema traslada el riesgo del despido al trabajador y desarticula el principio solidario sobre el que se sostiene el sistema actual”, indicó el edil.

Asimismo, el texto menciona el posible regreso de vales o tickets no remunerativos, práctica que —según advierte— “divide el salario, reduce aportes y debilita el financiamiento de la seguridad social”. También cuestiona la promoción del salario “por mérito o productividad”, que podría generar “diferencias arbitrarias dentro de una misma categoría laboral y profundizar desigualdades estructurales”.

En relación con el derecho de huelga, Costa Brutten señaló que la propuesta del Gobierno impone coberturas mínimas del 75 % en servicios esenciales y del 50 % en sectores estratégicos, lo que “limita el ejercicio efectivo de una herramienta fundamental de defensa colectiva”.

El texto también observa cambios en el financiamiento sindical, al establecer que las cuotas sean voluntarias y eliminar los descuentos automáticos. Para el concejal, esto “debilita la representación gremial y socava el principio de solidaridad que ha sostenido la acción sindical en Argentina”.

A su vez, advierte sobre los riesgos de la digitalización de los procesos laborales, que bajo la apariencia de simplificación administrativa “podría derivar en más informalidad y menor capacidad de control estatal”. En la misma línea, cuestiona la libertad de moneda para pactar salarios, ya que “consolida desigualdades y desarticula el sistema salarial nacional”.

Costa Brutten consideró que, en conjunto, todas estas medidas “no promueven el empleo genuino, sino que favorecen la concentración económica y la precarización”. Según expresó, “las empresas obtendrían mayor flexibilidad y menores costos judiciales, mientras los trabajadores perderían estabilidad, poder adquisitivo y capacidad de organización”.

El concejal subrayó que el derecho al trabajo digno, con estabilidad y salario justo, “no es un privilegio ni un obstáculo al desarrollo, sino una conquista que garantiza cohesión social y soberanía nacional”. En ese sentido, aseguró que “reducir derechos no crea empleo; solo crea trabajadores más pobres y un país más desigual”.

Finalmente, el proyecto de comunicación insta al Concejo Municipal de Bariloche a pronunciar su rechazo formal al proyecto de Reforma Laboral, por considerarlo “contrario a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales de derechos humanos y a los principios fundantes de la justicia social”.