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Río Negro

Techo Digno: anulan absoluciones de tres exfuncionarios de Sierra Grande

El Tribunal de Impugnación (TI) de Río Negro anuló las absoluciones de tres exfuncionarios municipales de Sierra Grande en la causa por presuntas irregularidades en la construcción de 40 viviendas del programa nacional Techo Digno y ordenó realizar un nuevo juicio. La decisión respondió al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y también dejó sin efecto el debate oral anterior. La resolución no implica una condena ni establece responsabilidades penales sobre los acusados.

Los exfuncionarios alcanzados por la medida son Renzo Tamburrini, exintendente de Sierra Grande; Mauro Tamburrini, exsecretario de Hacienda; y Ernesto Héctor Noel, exsecretario de Obras y Servicios Públicos. La investigación está relacionada con hechos ocurridos durante 2015, cuando el municipio ejecutó un convenio con el Estado nacional para la construcción de las viviendas. La acusación fiscal contempló los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y uso de documento público falso.

El fallo absolutorio, dictado el 18 de junio, fue cuestionado por la Fiscalía debido a supuestos defectos en la valoración de las pruebas y a la falta de respuestas sobre distintos planteos formulados durante el proceso. Al revisar esos argumentos, el Tribunal de Impugnación consideró que la sentencia no había examinado integralmente elementos relevantes del expediente, entre ellos testimonios, informes técnicos y documentación vinculada con la ejecución de la obra.

Uno de los principales puntos de controversia estuvo relacionado con los certificados de avance de obra utilizados para autorizar los pagos a la empresa constructora. Según la acusación, el municipio aprobó ocho certificados que registraban un avance del 71,03%. Sin embargo, distintas evaluaciones posteriores determinaron porcentajes considerablemente inferiores: una inspección técnica estimó aproximadamente un 35%, otro relevamiento estableció un 42,21% y un profesional contratado por la empresa calculó cerca del 43%.

La Fiscalía sostuvo que las diferencias entre los porcentajes reflejaban la certificación de trabajos que todavía no habían sido ejecutados. Entre las tareas cuestionadas mencionó revoques, cielorrasos, pisos y otras terminaciones de las viviendas. También objetó que el tribunal que dictó las absoluciones descartara o no analizara adecuadamente declaraciones de trabajadores municipales y de integrantes del organismo de control local.

Las defensas, por su parte, rechazaron la interpretación de la acusación y sostuvieron que los certificados tenían carácter provisorio. Argumentaron que la contratación se había realizado bajo la modalidad de ajuste alzado y que las mediciones no contemplaban determinados trabajos de movimiento de suelos e infraestructura. Además, señalaron que las responsabilidades administrativas y técnicas estaban distribuidas entre distintas áreas municipales y que no existían elementos suficientes para acreditar una conducta dolosa de los imputados.

Al analizar esos planteos, el Tribunal de Impugnación observó que la sentencia absolutoria no había brindado un tratamiento integral a las declaraciones de las personas que inspeccionaron las viviendas ni a los informes técnicos incorporados al expediente. También cuestionó la respuesta sobre los trabajos de movimiento de suelos, debido a que existía un segundo convenio de infraestructura cuyos pagos habían formado parte de la discusión durante el juicio.

Otro de los aspectos considerados por los jueces fue la declaración de un trabajador municipal que explicó el procedimiento utilizado para confeccionar algunos certificados de avance. Según ese testimonio, en determinadas oportunidades se seleccionaban trabajos para alcanzar cifras previamente indicadas, aunque los porcentajes no coincidieran con las tareas efectivamente realizadas. El Tribunal cuestionó el tratamiento que recibió esa declaración en el fallo que había dispuesto las absoluciones.

La resolución también examinó la aplicación del denominado principio de confianza, utilizado para evaluar la intervención de los exfuncionarios en el desarrollo de la obra. Los jueces consideraron que el análisis de las responsabilidades individuales no podía realizarse de manera aislada ni prescindir del conjunto de las pruebas producidas durante el proceso. Por ese motivo, señalaron que los argumentos utilizados en la sentencia anterior resultaban insuficientes frente a los cuestionamientos planteados por la Fiscalía.

En cuanto a los alcances de la decisión, el Tribunal aclaró expresamente que la anulación de las absoluciones no significaba adoptar una posición sobre la responsabilidad penal de los acusados. Es decir, no dictó una condena ni anticipó cuál deberá ser el resultado del nuevo debate. La resolución se limitó a considerar que los defectos señalados en la valoración de las pruebas justificaban dejar sin efecto el fallo absolutorio y realizar otro juicio.

La nulidad quedó circunscripta a los agravios presentados por el Ministerio Público Fiscal contra las absoluciones de Tamburrini, Tamburrini y Noel. En consecuencia, no alcanzó a otras tres personas que habían sido absueltas luego de que la Fiscalía retirara la acusación. Tampoco se reabrió la imputación vinculada con determinados certificados de infraestructura respecto de los cuales el organismo acusador había desistido de continuar con el planteo.

Finalmente, el Tribunal de Impugnación declaró nulo el debate oral anterior, aunque dispuso conservar las declaraciones realizadas durante aquel juicio para que puedan ser utilizadas como declaraciones previas en el nuevo proceso. El expediente fue remitido a la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Judicial, que deberá continuar con los trámites correspondientes para la realización del nuevo juicio por la causa Techo Digno en Sierra Grande.