Más de 260 integrantes de las Fiscalías y Defensorías de Río Negro participaron de la primera jornada de capacitación sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 5 de septiembre. La actividad fue organizada por el Área de Capacitación del Ministerio Público y estuvo centrada en los alcances de la Ley 27.801, el impacto del federalismo y los desafíos que plantea su implementación en la provincia.
La apertura estuvo a cargo del Procurador General, Jorge Crespo, quien destacó la importancia de generar espacios de formación con especialistas de la propia provincia. “Entendemos y estamos convencidos que el conocimiento de nuestras latitudes está a la altura del de todo el país”, sostuvo, al valorar el intercambio entre integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y la abogacía local.
Crespo también destacó la participación de la vocal del Superior Tribunal de Justicia Liliana Piccinini, la jueza del Tribunal de Impugnación Penal María Rita Custet Llambí y la relatora general de la Secretaría Penal del STJ, Romina Cecilia Bruno. Según señaló, las tres expositoras “conocen nuestra idiosincrasia, conocen nuestros padeceres y nuestros vaivenes día a día, y sobre todo conocen nuestros desafíos”.
La primera exposición estuvo a cargo de Piccinini, quien abordó el “Federalismo y armonización normativa, Ley 4109 y el sistema acusatorio”. Su presentación partió del artículo 121 de la Constitución Nacional y su correlato en la Constitución de Río Negro, con el objetivo de analizar la distribución de competencias entre la Nación y las provincias frente a la entrada en vigencia del nuevo régimen.
La magistrada sostuvo que Río Negro cuenta con herramientas procesales que permitirían aplicar la nueva normativa, aunque remarcó la necesidad de armonizar las disposiciones provinciales con los estándares constitucionales y convencionales de protección de adolescentes. “Hay que estar fuertemente asidos de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y de los tratados internacionales para poder argumentar y tomar una decisión dentro del marco de la legalidad”, afirmó Piccinini.
A su turno, la jueza del Tribunal de Impugnación Penal María Rita Custet Llambí analizó el “Rol de fiscales y defensores de niñas, niños y adolescentes”. Su exposición estuvo enfocada en las particularidades que deberá asumir la intervención de fiscales y defensores dentro de un sistema adversarial, con énfasis en la responsabilización, educación, resocialización y reintegración de los adolescentes alcanzados por el régimen.
Custet Llambí remarcó que la actuación de los distintos operadores debe adecuarse a los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y requiere coordinación con la Defensa, los organismos de protección integral y las áreas encargadas del seguimiento de las medidas. “El proceso penal juvenil no es un proceso penal de adultos atenuado; requiere especialización, conocimiento y mucha articulación”, sostuvo.
La última exposición estuvo a cargo de Romina Cecilia Bruno, relatora general de la Secretaría Penal del STJ, quien repasó precedentes del máximo tribunal provincial vinculados con la materia. La funcionaria explicó que, aunque varias de esas sentencias fueron dictadas bajo el régimen anterior, sus criterios mantienen vigencia porque se encuentran sustentados en la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la Ley provincial 4109.
La jornada forma parte del programa de capacitación permanente impulsado por el Ministerio Público para empleados, funcionarios y funcionarias, y se suma a otras instancias desarrolladas sobre competencia, derecho animal, discapacidad, sistema acusatorio, investigación de delitos informáticos e inteligencia artificial. La iniciativa también contempla convenios con los Colegios de la Abogacía de Río Negro para ampliar el acceso de sus matriculados a espacios de formación vinculados con los cambios y desafíos del sistema judicial.