Un hombre quedó imputado por el delito de lesiones graves a raíz de una agresión con un cuchillo ocurrida durante la noche del 26 de septiembre en El Bolsón. La víctima, un familiar del acusado, sufrió heridas provocadas con un arma blanca y permanece internada, aunque según la información brindada durante la audiencia presenta una evolución favorable.
El fiscal adjunto Rubén Negro atribuyó el hecho al imputado y ubicó el episodio entre las 22 y las 23.30, aproximadamente, en el sector conocido como la toma del barrio Luján. Según la acusación fiscal, ambos mantuvieron una discusión relacionada con un partido de fútbol y, en ese contexto, el hombre habría atacado a su sobrino con un cuchillo, provocándole una herida profunda en la mejilla derecha y otra en la zona costal.
La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como lesiones graves, en carácter de autor, aunque aclaró que la calificación legal podría modificarse a partir de los resultados de las medidas de investigación pendientes. Entre ellas se encuentra el testimonio de la víctima, que será incorporado cuando su estado de salud permita que pueda prestar declaración ante las autoridades judiciales.
Como elementos de respaldo de la imputación se incorporaron las actuaciones realizadas por personal policial, las tareas desarrolladas por la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística, además del secuestro de un cuchillo. También fueron incorporados registros fotográficos, certificados médicos y distintas entrevistas testimoniales, entre ellas la declaración de una persona que habría presenciado parte de la secuencia investigada.
La Fiscalía pidió prisión preventiva
Durante la audiencia, el fiscal anticipó que continuará con la recepción de testimonios y con distintas pericias sobre los elementos secuestrados. Entre las medidas previstas se encuentran estudios de ADN que buscarán determinar si existen rastros vinculados con el hecho. Para completar esas diligencias, la Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación penal preparatoria.
Por su parte, el defensor público penal Nelson Vigueras sostuvo que la defensa mantiene una versión diferente sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión. El abogado no cuestionó la legalidad de la detención ni se opuso al plazo requerido para investigar, pero rechazó el pedido de prisión preventiva y planteó como alternativa medidas menos gravosas, entre ellas prohibiciones de acercamiento y de contacto con la víctima y los testigos.
El fiscal fundamentó el pedido de prisión preventiva en la existencia de un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación. En particular, señaló la relación familiar entre las personas involucradas y la necesidad de incorporar todavía testimonios considerados relevantes para establecer cómo se desarrolló el episodio. La medida fue solicitada por un período de tres meses.
Al resolver la situación procesal, el juez de Garantías Ricardo Calcagno declaró legal la detención, tuvo por formulados los cargos y estableció el plazo de la investigación penal preparatoria hasta el 26 de febrero de 2027. Además, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva del imputado durante tres meses, hasta el 28 de diciembre, con el objetivo de resguardar a la víctima y a los testigos y evitar eventuales interferencias en las medidas pendientes.