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Río Negro

Cierre de una tranquera: ordenan garantizar el acceso en el Manso Inferior

Una jueza del Juzgado Multifueros de El Bolsón dictó una medida cautelar que obliga al propietario de un campo a garantizar el paso de una familia de El Manso Inferior hacia la Ruta Provincial 83, luego de que la colocación de un candado en una tranquera interrumpiera el acceso que utilizaban desde hacía años. La resolución establece que deberá mantenerse un sistema de cierre con dos llaves, una para el dueño del inmueble y otra para la familia, durante un plazo de tres meses. La decisión busca preservar temporalmente la circulación mientras se encauza el conflicto por la vía judicial correspondiente.

El caso involucra a un grupo familiar que vive al otro lado del río Manso y que depende de ese recorrido para conectarse con el resto de la zona. Según la presentación judicial, sus integrantes cruzaban el río en bote hasta llegar a un predio privado, donde dejaban estacionado un vehículo. Desde allí continuaban hasta una tranquera de madera que uno de los pobladores había construido con autorización del propietario del campo. Ese trayecto constituía una vía habitual para trasladarse y acceder a servicios y actividades fuera del lugar donde residen.

De acuerdo con lo expuesto en la demanda, el acceso funcionó durante años sin inconvenientes hasta que el dueño del terreno colocó un candado que impidió el paso. La familia manifestó que desconocía las razones de esa decisión y sostuvo que el cierre alteró una modalidad de circulación utilizada de manera tradicional. El conflicto llegó a la Justicia ante las dificultades que, según los demandantes, generó la interrupción del recorrido para la vida cotidiana y las actividades productivas del grupo.

El sendero tiene relevancia para la economía familiar, basada en la cría de vacas, ovejas y aves. Los pobladores necesitan utilizar el acceso para trasladar y comercializar parte de su producción, adquirir alimentos y transportar forraje y otros insumos destinados al cuidado de los animales. La restricción también dificulta el ingreso de mercadería y productos necesarios para la subsistencia. Estos factores fueron expuestos ante la Justicia para fundamentar la necesidad de recuperar, al menos de manera provisoria, las condiciones de circulación anteriores al cierre de la tranquera.

La presentación judicial también advirtió sobre las consecuencias que la interrupción del paso podría tener para la atención de la salud de algunos integrantes de la familia. Entre ellos se encuentran una mujer de edad avanzada con distintas dolencias, un hombre con problemas cardíacos y una niña con discapacidad. Según lo planteado en el expediente, la falta de acceso al recorrido habitual podía complicar los traslados ante una emergencia médica. Este aspecto fue parte de los argumentos utilizados para solicitar una medida urgente que evitara mayores perjuicios mientras se resuelve la controversia.

El conflicto ya había sido abordado por el Juzgado de Paz de El Manso, que dispuso una solución provisoria por 90 días. Aquella intervención contempló la colocación de un candado con dos llaves, de modo que tanto el propietario del predio como la familia pudieran utilizar la tranquera. La alternativa buscaba compatibilizar el control del inmueble con la continuidad del acceso. Sin embargo, al acercarse el vencimiento de ese plazo, la situación requirió una nueva intervención judicial para establecer cómo debía mantenerse el paso.

Ante esa circunstancia, uno de los pobladores acudió al fuero civil con el patrocinio de la Defensa Pública. La presentación solicitó una medida cautelar de no innovar para conservar las condiciones de acceso y evitar que la familia continuara expuesta a las dificultades denunciadas. Este tipo de medida tiene carácter provisional y busca preservar una situación o prevenir daños mientras se tramita el proceso principal. Su otorgamiento no equivale, por sí mismo, a una sentencia definitiva sobre la existencia o el alcance de un eventual derecho de paso.

Al analizar el pedido, la jueza tuvo en cuenta la documentación presentada y la intervención previa del Juzgado de Paz, elementos que consideró relevantes para acreditar el uso tradicional del camino. También evaluó que la imposibilidad de circular por ese sector podía ocasionar perjuicios económicos, afectar la subsistencia de la familia y generar dificultades en materia de salud. La decisión cautelar respondió, de este modo, a la necesidad de evitar que la interrupción del acceso produjera consecuencias graves durante el tiempo requerido para encauzar legalmente el conflicto.

La resolución ordenó al propietario de un inmueble ubicado sobre la Ruta Provincial 83, a unos tres kilómetros del Puente Verde del río Foyel, garantizar el paso por el sendero y la tranquera existentes dentro del predio. Para cumplir con esa disposición, deberá mantenerse el sistema de candado con dos llaves, una en poder del dueño y otra de la familia. La modalidad procura asegurar que ambas partes puedan utilizar el acceso durante el período establecido, sin que la medida implique una decisión definitiva sobre los derechos que cada una invoca.

La cautelar tendrá una vigencia de tres meses. Dentro de los diez días fijados en la resolución, la familia deberá presentar la demanda correspondiente o acreditar el inicio de una mediación prejudicial, según lo dispuesto por la magistrada. Ese requisito busca que la controversia avance hacia una instancia formal en la que puedan examinarse los antecedentes y los argumentos de las partes. El cumplimiento de ese paso será relevante para determinar la continuidad del reclamo una vez vencida la protección temporal establecida.

El fallo no determina de manera definitiva si existe un derecho de paso legalmente exigible ni resuelve la controversia sobre el uso del terreno privado. Su alcance inmediato consiste en restablecer temporalmente una modalidad de acceso que, según la presentación, la familia utilizaba desde hacía años. La resolución procura evitar que la discusión sobre la circulación quede sin una respuesta provisoria mientras se inicia el procedimiento principal, en el que deberán analizarse las circunstancias jurídicas y documentales del caso.

La decisión pone en evidencia el conflicto que puede surgir entre el uso histórico de un acceso y las facultades de quien tiene la propiedad de un inmueble. En este expediente, la jueza ponderó los antecedentes aportados y las consecuencias que el cierre podía ocasionar al grupo familiar para resolver el pedido cautelar. La cuestión de fondo, sin embargo, deberá analizarse en la instancia correspondiente, con intervención de las partes y conforme a las normas aplicables.

Para la familia de El Manso Inferior, la medida representa una solución temporal ante las dificultades denunciadas para trasladarse, abastecerse y responder a eventuales emergencias. Para el propietario, la resolución establece una obligación concreta de permitir el uso compartido de la tranquera durante el plazo fijado. El cumplimiento de esa disposición será central para evitar nuevos obstáculos al acceso mientras se define el curso legal del conflicto.

La continuidad del paso durante los próximos tres meses dependerá de que se respete el mecanismo de dos llaves ordenado por la Justicia. En paralelo, el avance de la demanda o de la mediación permitirá encauzar la discusión más allá de la medida urgente. Hasta que exista una resolución definitiva, el fallo mantiene un equilibrio provisional: garantiza la circulación de la familia por el acceso señalado sin resolver de forma permanente el alcance de sus derechos sobre el camino.

El caso vuelve a poner el foco en la importancia de las medidas cautelares cuando una situación denunciada puede afectar necesidades básicas antes de que se dicte una decisión definitiva. En este caso, la documentación presentada, el antecedente del Juzgado de Paz y los posibles perjuicios económicos y sanitarios fueron considerados por la magistrada al evaluar el pedido. La resolución, no obstante, se limita a las condiciones de acceso y al plazo fijado, sin anticipar el resultado del eventual proceso principal.

La intervención de la Defensa Pública permitió que uno de los integrantes de la familia llevara el reclamo ante el fuero civil después de vencido el acuerdo provisorio anterior. La actuación judicial derivó en una orden concreta para el propietario y en un plazo para que la parte solicitante avance con el procedimiento correspondiente. Los pasos posteriores serán determinantes para establecer si el acceso podrá mantenerse bajo las mismas condiciones o si se requiere una solución diferente.

La resolución también establece una obligación temporal que deberá ser respetada mientras permanezca vigente la cautelar. La familia, por su parte, tendrá que cumplir con el requisito procesal de presentar la demanda o acreditar el inicio de la mediación dentro del plazo establecido. La continuidad del reclamo no queda resuelta por el solo dictado de la medida: dependerá de las actuaciones posteriores y de la evaluación judicial de los planteos que se formulen.

En términos prácticos, el mecanismo de dos llaves busca evitar que el cierre vuelva a impedir unilateralmente la circulación durante el período cautelar. La medida no elimina la controversia entre las partes ni establece una servidumbre permanente, sino que preserva temporalmente el acceso mientras se inicia la discusión de fondo. Esa distinción resulta central para comprender el alcance del fallo y evitar interpretaciones que presenten la decisión como una definición definitiva sobre la propiedad o el derecho de paso.

El desarrollo del caso deberá determinar, a partir de las pruebas y los argumentos que se presenten, cuáles son los derechos y obligaciones de cada parte respecto del camino. Por ahora, la orden judicial dispone que la familia pueda seguir utilizando el sendero y la tranquera durante tres meses, bajo el sistema compartido de llaves. La medida busca evitar perjuicios durante ese período y asegurar que el conflicto avance por los mecanismos legales previstos.

La resolución del Juzgado Multifueros de El Bolsón ofrece una respuesta cautelar a un problema que, según lo denunciado, comprometía la movilidad y la subsistencia de una familia de El Manso Inferior. El alcance de esa respuesta es temporal y está sujeto a las condiciones fijadas por la magistrada. La definición final sobre el derecho de paso deberá surgir del procedimiento correspondiente, una vez que se analicen los antecedentes y se escuchen las posiciones de las partes involucradas.