La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en la causa que investiga una presunta asociación ilícita vinculada con contrataciones públicas para la adquisición de medicamentos e insumos destinados al sistema de salud. La resolución fue firmada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico y también ratificó los procesamientos de otros 18 imputados, entre ellos seis exfuncionarios.
La decisión judicial mantiene a Spagnuolo como presunto jefe de la organización y le atribuye, además, los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional y cohecho pasivo. Este último delito refiere, en la hipótesis investigada, al presunto cobro de dinero por parte de funcionarios a cambio de favorecer determinadas operaciones. El procesamiento, cabe aclarar, no constituye una condena y la investigación continúa abierta.
La causa está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, encabezada por el fiscal federal Franco Picardi. En el mismo pronunciamiento, la Cámara Federal rechazó los planteos de un grupo de imputados que había solicitado la nulidad de las actuaciones, por lo que el expediente continuará su trámite judicial sobre la base de los elementos probatorios incorporados hasta el momento.
La hipótesis sobre las contrataciones en ANDIS
Según la investigación, la ANDIS, organismo dependiente del Ministerio de Salud, tiene entre sus funciones la implementación de políticas públicas destinadas a personas con discapacidad. Dentro de ese esquema funciona el Programa Federal Incluir Salud, que brinda cobertura médico-asistencial a beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura y contempla prestaciones de alto costo y baja incidencia, conocidas como PACBI.
El fiscal federal Franco Picardi. Foto de archivo: Matías Pellón
La hipótesis de la acusación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habrían desarrollado contrataciones direccionadas y con presuntos sobreprecios en medicamentos e insumos. De acuerdo con la resolución, esas operaciones habrían tenido como contrapartida la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos, dentro de una estructura que habría buscado obtener ganancias indebidas mediante contrataciones estatales.
Uno de los elementos bajo análisis es el funcionamiento del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS). Según la investigación, ese sistema habría sido utilizado para gestionar las compulsas y contrataciones cuestionadas, aunque los investigadores sostienen que no reunía las características exigidas por el sistema de contrataciones públicas ni contaba con la intervención y aprobación de la Oficina Nacional de Contrataciones.
Para los camaristas, los elementos incorporados al expediente permiten sostener, en esta etapa procesal, que las empresas participantes no habrían sido incorporadas de manera regular. En particular, destacaron el análisis de documentación secuestrada durante allanamientos, correos electrónicos, teléfonos y operaciones realizadas a través del SIIPFIS. “El examen de los elementos hallados en el allanamiento de la sede de ANDIS (...) exhiben sin dificultad no sólo la irregular incorporación de los proveedores sino también la arbitraria forma en que eran seleccionados”, señalaron Farah y Boico.
Los jueces también mencionaron la presunta existencia de mecanismos destinados a simular competencia entre proveedores. Según la hipótesis judicial, un grupo limitado de empresas habría sido convocado reiteradamente y algunas firmas habrían actuado como oferentes “pantalla”. La Cámara sostuvo que las evidencias reunidas mostrarían además diferencias entre los precios cotizados y los montos finalmente abonados por el Estado.
El rol atribuido a Spagnuolo y otros funcionarios
Respecto de Spagnuolo, la Sala II consideró que su participación habría excedido una función meramente formal dentro del organismo. “No se limitaba a validar y acompañar todo el proceso (...) sino que tuvo una activa intervención para lograr la concreción de los planes”, señalaron los magistrados. Según la resolución, la hipótesis investigada contempla que las presuntas maniobras habrían generado beneficios tanto para determinadas empresas como para el propio exfuncionario.
La Cámara sostuvo además que las operaciones cuestionadas habrían ocasionado un perjuicio para el Estado Nacional, al concretarse compras mediante procedimientos que, según la investigación, estaban direccionados hacia determinados proveedores. En ese contexto, los jueces hicieron referencia a valores que habrían incorporado márgenes adicionales destinados a cubrir presuntas “comisiones” dentro del esquema investigado.
Otro de los procesados es Daniel María Garbellini, quien se desempeñó como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS. La Cámara sostuvo que existen “múltiples probanzas que lo colocan en la escena criminal ejerciendo un rol preponderante desde su designación”, en julio de 2024. Entre los elementos analizados figuran conversaciones con funcionarios y con prestadores que habrían resultado beneficiados por las contrataciones investigadas.
De acuerdo con los camaristas, a partir de la llegada de Garbellini al organismo se habría logrado “articular con mayor eficacia las finalidades ilícitas del grupo investigado”. La resolución atribuye al exfuncionario un papel vinculado con la disposición de herramientas y personas que, siempre según la hipótesis judicial, habrían permitido avanzar con las operaciones cuestionadas.
La Cámara también confirmó el procesamiento de Miguel Ángel Calvete, a quien ubicó como presunto jefe de la asociación ilícita junto con Spagnuolo y Garbellini. Según la resolución, Calvete habría contado anticipadamente con información sobre las compulsas, los productos incluidos, las empresas invitadas y los momentos de liberación de pagos. Los jueces mencionaron además documentación en la que aparecerían porcentajes del 15%, 10%, 5% y 3%, vinculados a la distribución de fondos investigada.
También quedó procesada Ornella Calvete
En la misma resolución quedó confirmado el procesamiento de Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, quien se desempeñó como directora de Análisis de Cadena de Valor y posteriormente como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía. La Cámara consideró que existen elementos que permiten vincularla con las maniobras investigadas y con integrantes de la estructura bajo análisis.
Según los jueces, la investigación encontró conversaciones en las que Ornella Calvete habría procurado información sobre quiénes asumirían funciones en ANDIS y sobre eventuales posibilidades de intervención en otros negocios con el Estado. La resolución sostiene que esas comunicaciones estarían relacionadas con aspectos organizativos de las operaciones investigadas y que demostrarían, según la interpretación judicial, conocimiento sobre su alcance.
Los camaristas agregaron que existen evidencias de que Calvete habría continuado concurriendo a las oficinas de su padre durante su desempeño en la función pública. La Cámara vinculó temporalmente esas visitas con el período en el que empresas relacionadas con la investigación comenzaron a incrementar sus ingresos a través de las contrataciones cuestionadas. También se analizaron comunicaciones con otros integrantes del grupo investigado.
Otros seis exfuncionarios procesados
La resolución de la Sala II alcanza además a otros exfuncionarios. Entre ellos se encuentran Diego D'Giano, Roger Grant, Eduardo González y Lorena Di Giorno, cuyos procesamientos fueron confirmados por delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional. En total, la Cámara ratificó 19 procesamientos en el expediente.
El tribunal fundamentó su decisión en el análisis conjunto de documentación, comunicaciones, registros de operaciones y otros elementos incorporados durante la investigación. Los camaristas remarcaron que las evidencias permitirían reconstruir vínculos formales e informales entre los distintos imputados y sostuvieron que las contrataciones se habrían concentrado en un grupo reducido de proveedores. Según la resolución, “las compulsas de precio y las adjudicaciones giraron en derredor de un grupo limitado de empresas”.
La confirmación de los procesamientos representa un nuevo avance en la causa por las presuntas irregularidades en contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad, aunque el expediente todavía se encuentra en etapa de investigación. La resolución de la Cámara no determina responsabilidad penal definitiva de los acusados, sino que mantiene las decisiones de procesamiento dictadas durante la instrucción y permite que el proceso continúe con la producción y análisis de nuevas pruebas y los planteos que correspondan a las partes.