La Justicia reformuló los cargos contra el joven acusado de asesinar a Tomás Alarcón y resolvió extender tanto la investigación penal preparatoria como la prisión preventiva que cumple el imputado. La decisión fue adoptada durante una audiencia encabezada por el juez César Lanfranchi, en la que la Fiscalía mantuvo la calificación legal de homicidio simple, prevista en los artículos 45 y 79 del Código Penal, y precisó las circunstancias atribuidas al acusado por el hecho ocurrido el 8 de marzo de 2026, en inmediaciones del Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche.
Durante la audiencia, los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori expusieron que, momentos antes del ataque, el imputado había participado de una reunión junto a otras personas en un edificio ubicado en el centro de la ciudad. Según la acusación, posteriormente siguió a Tomás Alarcón y a otro hombre hasta interceptarlos en la vía pública, donde les exigió la entrega de un teléfono celular que consideraba de su propiedad. De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, al recibir como respuesta que ninguno de los dos tenía el dispositivo, el acusado extrajo un cuchillo que llevaba entre sus prendas y atacó a la víctima.
La Fiscalía sostuvo que el imputado actuó con intención de causar la muerte al asestarle una puñalada en el abdomen a Alarcón. La lesión comprometió órganos vitales, provocando daños de extrema gravedad. Como consecuencia de la herida, la víctima sufrió la lesión del hígado y la sección de la arteria aorta, lo que derivó en una hemorragia interna de magnitud que motivó su inmediato traslado al Hospital Zonal.
Pese a que Tomás Alarcón fue intervenido quirúrgicamente de urgencia por el equipo médico del hospital, falleció pocos minutos después a raíz de un shock hipovolémico provocado por la pérdida masiva de sangre. Sobre la base de esas circunstancias, el Ministerio Público Fiscal mantuvo la imputación por el delito de homicidio simple en calidad de autor, sin introducir modificaciones en la calificación jurídica originalmente formulada.
La acusación presentada por los fiscales se apoya en un amplio conjunto de elementos probatorios reunidos durante la investigación. Entre las evidencias incorporadas al expediente figuran actas de procedimientos policiales, allanamientos y secuestros, certificados médicos, el informe de autopsia, declaraciones testimoniales, relevamientos de cámaras de seguridad, informes de Criminalística y pericias sobre comunicaciones y redes sociales. También forman parte de la causa teléfonos celulares, registros de llamadas, archivos de audio y otros soportes digitales que continúan siendo analizados.
Durante la audiencia, tanto la querella, que representa a la familia de la víctima, como la Defensa manifestaron su conformidad con la reformulación de los cargos y con la extensión de los plazos procesales. La Defensa señaló que tuvo acceso a la totalidad de la prueba reunida hasta el momento y recordó que la medida cautelar de prisión preventiva podrá ser revisada en caso de que varíen las circunstancias que justificaron su imposición.
Al resolver el planteo, el juez César Lanfranchi tuvo por reformulada la acusación y dispuso extender la investigación penal preparatoria hasta el 3 de noviembre, al considerar que aún restan producir distintas medidas probatorias. Entre ellas se encuentran nuevas pericias técnicas y la apertura de dispositivos telefónicos secuestrados durante la investigación, diligencias que podrían aportar información relevante para el esclarecimiento del hecho.
Asimismo, el magistrado resolvió prorrogar la prisión preventiva del imputado hasta la realización efectiva de la audiencia de control de acusación. En su resolución entendió que continúan vigentes los riesgos procesales que justificaron la medida cautelar, particularmente la posibilidad de fuga y el eventual entorpecimiento de la investigación, razones por las cuales consideró necesario mantener la restricción de la libertad mientras avanza el proceso penal.
Con esta resolución, la causa por el homicidio de Tomás Alarcón continúa su trámite en la etapa de investigación preparatoria, mientras el Ministerio Público Fiscal avanza con la producción de las pruebas pendientes antes de requerir la elevación del expediente a juicio. La decisión judicial mantiene inalterada la imputación original y fija un nuevo plazo para completar las actuaciones que aún restan incorporar al proceso.