La Justicia de Bariloche formuló cargos contra un hombre acusado de amenazar con un cuchillo a dos personas luego de un conflicto de tránsito ocurrido en diciembre de 2025. La audiencia se desarrolló en el marco de la investigación penal preparatoria, que tendrá una duración de cuatro meses, mientras se reúnen nuevas pruebas para esclarecer el episodio. El hecho fue calificado provisoriamente como amenazas agravadas por el uso de arma.
De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal adjunta Celeste Aparicio, el incidente ocurrió el 7 de diciembre de 2025, alrededor de las 21.30, sobre calle Frey, en cercanías de la intersección con Tiscornia. Según la hipótesis fiscal, tras un altercado vehicular el imputado interceptó el automóvil en el que circulaban las personas denunciantes y descendió de su vehículo portando un cuchillo tipo carnicero con una hoja de aproximadamente 15 centímetros.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, una vez iniciado el enfrentamiento, el acusado habría amenazado de muerte a las dos personas y realizado movimientos intimidatorios con el arma blanca hacia una de las víctimas. Para la Fiscalía, estas conductas generaron un temor concreto por la integridad física de los denunciantes, motivo por el cual el hecho fue encuadrado como amenazas agravadas por el uso de arma, en calidad de autor, conforme a lo previsto en los artículos 45 y 149 bis del Código Penal.
La imputación se apoyó en distintos elementos de prueba incorporados al expediente. Entre ellos, la denuncia radicada al día siguiente del episodio, las entrevistas realizadas posteriormente a ambas personas afectadas y un informe elaborado por el Área de Investigaciones Judiciales. Según se informó durante la audiencia, esa tarea permitió identificar al sospechoso mediante el análisis de fotografías tanto del vehículo involucrado como de las personas vinculadas al hecho.
Por su parte, la defensora penal adjunta Diana Violante no formuló objeciones a la apertura formal de la investigación ni al plazo requerido por la Fiscalía, aunque adelantó que la estrategia de la defensa estará basada en una reconstrucción diferente de lo sucedido. Asimismo, ambas partes coincidieron en señalar que analizarán la posibilidad de avanzar en una salida alternativa que permita resolver el conflicto por las vías previstas en el proceso penal.
El juez de garantías Juan Pablo Laurence tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria hasta el 5 de diciembre de 2026. Además, resolvió imponer al imputado una serie de medidas de conducta durante ese período para garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.
Entre las condiciones fijadas por el magistrado, el acusado deberá mantener actualizado su domicilio y número telefónico, concurrir a todas las citaciones que le formule la Justicia y abstenerse de realizar cualquier acto de agresión o intimidación contra las personas denunciantes. La causa continuará ahora con la producción de nuevas medidas probatorias, mientras las partes evalúan el curso que seguirá el expediente.