La Fiscalía formuló cargos contra una mujer acusada de amenazar y agredir a una trabajadora de seguridad privada en el predio del vertedero municipal de Bariloche. El hecho investigado ocurrió el 30 de septiembre y, durante la audiencia judicial, se dispuso un plazo de dos meses para avanzar con la investigación, además de medidas de protección destinadas a resguardar a la denunciante.
Según expuso el fiscal del caso, Gerardo Miranda, el episodio se habría registrado entre las 15 y las 16.30 del 30 de septiembre de 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer habría realizado amenazas de muerte mientras llevaba una de sus manos hacia la cintura, en un gesto que la trabajadora interpretó como una simulación de que portaba un cuchillo.
La Fiscalía sostuvo además que, posteriormente, la imputada habría golpeado a la trabajadora con los puños en distintas partes del cuerpo. Los golpes habrían alcanzado el cuello, los brazos y el tórax y, según el certificado médico incorporado al expediente, le provocaron lesiones de carácter leve.
La acusación y la versión de la defensa
Como parte de los elementos presentados para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal incorporó el acta de procedimiento realizada por personal de la Comisaría 42, la denuncia efectuada por la trabajadora y el certificado médico que constató las lesiones. También fue ofrecido el testimonio de la mujer que denunció el episodio.
Con esos elementos, la Fiscalía atribuyó a la acusada los delitos de lesiones leves y amenazas, en calidad de autora. La mujer estuvo asistida durante la audiencia por el defensor público penal Marcos Miguel y tuvo la posibilidad de brindar su propia versión de los hechos y responder las preguntas formuladas por el Ministerio Público.
La acusada negó haber amenazado o agredido físicamente a la trabajadora. Según su relato, se encontraba en el predio del vertedero municipal realizando tareas vinculadas con la recuperación de materiales. La defensa no formuló oposición al plazo de investigación solicitado por la Fiscalía ni a las medidas cautelares establecidas durante la audiencia.
Finalmente, el juez de Garantías Víctor Gangarrosa tuvo por formulados los cargos y estableció que la investigación permanecerá abierta hasta el 1 de diciembre de 2026. Durante ese período, la Fiscalía podrá profundizar la producción de pruebas y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del episodio denunciado, mientras la imputada continúa amparada por el principio de inocencia.