Dos hombres, padre e hijo, quedaron imputados como coautores del homicidio de Ceferino Antonio Paine, ocurrido el 27 de septiembre en el establecimiento rural San Rafael, en jurisdicción de Pilcaniyeu. La acusación fue formulada durante una audiencia en la que la fiscal del caso, Daniela Celoria, y la fiscal adjunta, Nieves Papa Tello, atribuyeron provisoriamente a ambos haber participado de manera conjunta en la agresión que provocó la muerte de la víctima.
De acuerdo con la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 18:30 en el establecimiento rural y durante la agresión se habrían utilizado llaves de cruz para golpear a Paine. El informe elaborado por el médico forense y ampliado luego de la autopsia consignó múltiples lesiones en la zona de la cabeza, además de una lesión de carácter defensivo en uno de los brazos de la víctima.
Para respaldar la formulación de cargos, las fiscales incorporaron distintas evidencias reunidas durante las primeras medidas de investigación. Entre ellas se encuentran las actuaciones realizadas por personal policial, la inspección del lugar del hecho, los primeros resultados de las pericias de Criminalística y la información surgida del examen forense. También se informó el secuestro de teléfonos celulares, prendas de vestir, una cámara de seguridad y otros elementos que podrían guardar relación con la agresión, cuyo contenido será analizado durante el avance de la investigación.
Durante la audiencia, los dos imputados prestaron declaración y expusieron sus respectivas versiones sobre lo ocurrido. El defensor penal oficial Nelson Vigueras no se opuso a la formulación de cargos, aunque planteó que la investigación deberá establecer de manera precisa cuál habría sido la participación de cada uno de los acusados. Además, anticipó una hipótesis de defensa alternativa respecto de uno de ellos.
La defensa también solicitó que fueran excluidas del acta policial determinadas manifestaciones atribuidas a uno de los hombres, realizadas luego de preguntas formuladas por personal interviniente. El juez de Garantías Ricardo Calcagno hizo lugar al planteo al considerar que esas expresiones habían sido obtenidas sin que el imputado contara con asesoramiento de la defensa. En la misma audiencia, el magistrado declaró legales las detenciones y tuvo por formulados los cargos por homicidio simple.
Medidas de investigación y libertad bajo condiciones
La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para ambos imputados, argumentando la existencia de riesgos de entorpecimiento de la investigación y de fuga. Entre los fundamentos expuestos, señaló que la escena del hecho habría sido modificada antes de la llegada del personal policial. La defensa cuestionó esos argumentos y propuso medidas alternativas a la privación de la libertad mientras continúa la investigación judicial.
Luego de escuchar las posiciones de las partes, el juez Calcagno resolvió que los dos hombres permanezcan sujetos a medidas de control mientras avanza el expediente. Deberán presentarse semanalmente en la comisaría más cercana a sus domicilios, informar cualquier cambio de residencia o ausencia y proporcionar un número telefónico en caso de adquirir uno. El magistrado fijó además el 1 de marzo de 2027 como plazo para la investigación, por lo que durante ese período la Fiscalía deberá profundizar las medidas destinadas a determinar las circunstancias del homicidio y la eventual responsabilidad penal de los imputados.