La causa por la muerte de un estudiante de 17 años durante su viaje de egresados a Bariloche avanzó hacia la etapa de juicio oral, luego de que la jueza Romina Martini rechazara los pedidos de sobreseimiento formulados por las defensas de los dos hombres acusados como coautores de homicidio culposo. Uno de los imputados se desempeñaba como auxiliar en la enfermería del hotel donde se alojaba el contingente y el otro era coordinador de la empresa de viajes.
El adolescente llegó a Bariloche el 19 de octubre de 2022 y durante su estadía comenzó a presentar fiebre y dolores corporales, estomacales y de garganta. Días después emprendió el regreso a Buenos Aires y falleció el 25 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como consecuencia de una falla multiorgánica derivada de un cuadro de sepsis provocado por Streptococcus pyogenes.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el auxiliar de enfermería atendió al adolescente sin contar con título médico, le indicó paracetamol y posteriormente le administró un medicamento inyectable. La Fiscalía sostiene que, pese a la persistencia de la fiebre, no dispuso su derivación para una evaluación médica que permitiera determinar el origen y gravedad del cuadro.
Respecto del coordinador, la acusación señala que tampoco gestionó una nueva consulta médica frente al progresivo deterioro del estudiante. De acuerdo con la hipótesis fiscal, durante ese período el joven presentó nuevos síntomas, entre ellos vómitos y tos, y permaneció solo en la habitación mientras el resto del contingente participaba de las actividades previstas en el viaje.
La Fiscalía sostuvo que, en esas circunstancias, el cuidado del adolescente quedó en los hechos a cargo de sus propios compañeros. Posteriormente, el joven inició el viaje de regreso a Buenos Aires, que demandaba aproximadamente 21 horas, sin asistencia ni seguimiento médico. Para el Ministerio Público Fiscal, la muerte podría haberse evitado mediante una intervención oportuna y fue consecuencia de una sucesión de omisiones que, según la acusación, incumplieron los deberes de cuidado atribuidos a ambos imputados.
El fiscal jefe Martín Lozada hizo especial referencia durante el proceso a una pericia médica que identificó el período comprendido entre el 21 y el 24 de octubre como una etapa crítica en la evolución de la enfermedad. De acuerdo con esa evaluación incorporada a la causa, una intervención médica durante ese lapso podría haber modificado el curso del cuadro que posteriormente derivó en la muerte del adolescente.
Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal ofreció un conjunto de elementos de prueba que serán considerados durante el debate. Entre ellos se encuentran documentación relacionada con la contratación y organización del viaje, registros sobre la permanencia del contingente en Bariloche, actas de allanamiento, evidencia digital e historias clínicas correspondientes al estudiante.
La prueba propuesta también incluye dos pericias forenses y declaraciones testimoniales de familiares, compañeros del adolescente, madres acompañantes y otras personas que tuvieron contacto con él durante el viaje de egresados. La querella, constituida en representación de la madre de la víctima, adhirió tanto a la descripción de los hechos formulada por la Fiscalía como a la calificación legal atribuida a los acusados.
Durante el inicio del control de acusación, realizado días atrás, las defensas solicitaron el sobreseimiento de los dos imputados. Los planteos estuvieron dirigidos principalmente a cuestionar la existencia de los deberes de cuidado atribuidos a sus representados y el vínculo causal entre las conductas señaladas por la acusación y el fallecimiento del estudiante. La Fiscalía y la querella se opusieron a esas solicitudes.
Una de las defensas estuvo a cargo de la defensora pública penal Natalia Araya. Tras un cuarto intermedio, la audiencia continuó este viernes mediante la plataforma Zoom, instancia en la que la jueza Romina Martini resolvió rechazar los pedidos de sobreseimiento y dispuso que el proceso continúe hacia la etapa de juicio oral.
En la misma audiencia, las partes presentaron en forma detallada la prueba que pretenden producir durante el debate, de acuerdo con las respectivas teorías del caso. La admisión y producción de esos elementos permitirá que las partes sostengan sus posiciones ante el tribunal que finalmente intervenga en el juicio.
Con la resolución adoptada, la causa quedó en condiciones de avanzar hacia el debate oral. La jueza Martini solicitó a la Oficina Judicial que establezca la fecha del juicio y determine la conformación del tribunal que tendrá a su cargo el debate, tomando en consideración el monto de pena solicitado por las partes acusadoras. Será en esa instancia donde se analizarán las pruebas y se determinará la eventual responsabilidad penal de los dos acusados.