Una mujer permanecerá durante siete días bajo prisión preventiva en el marco de una investigación por lesiones y daños iniciada en Bariloche. Durante ese período, profesionales realizarán evaluaciones interdisciplinarias para determinar su situación de salud, establecer si comprende las disposiciones judiciales y analizar la necesidad de implementar un abordaje específico.
El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 28 de junio de 2026. Según la imputación presentada por la Fiscalía, en el contexto de una discusión, la mujer habría lesionado con un arma blanca en el cuello a su expareja y posteriormente se retiró del lugar. La herida fue considerada grave debido al riesgo que habría representado para la vida de la víctima.
El fiscal Marcos Sosa Lukman explicó durante la audiencia que la imputada se encontraba previamente bajo una medida de libertad monitoreada y tenía la obligación de mantener informado un domicilio. Además, debía cumplir una serie de restricciones destinadas a evitar nuevos contactos o situaciones de riesgo vinculadas con la víctima y su entorno.
Entre las medidas impuestas se encontraba la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, sus familiares y otras personas relacionadas con la investigación. También tenía restringido el acceso a la vivienda y al hospital donde permanecía internado el hombre, con excepciones limitadas a situaciones de urgencia o turnos médicos debidamente justificados.
La situación cambió luego de que una alerta del sistema de monitoreo advirtiera la apertura de la pulsera electrónica colocada a la imputada. Posteriormente, se constató que el dispositivo se encontraba dañado, circunstancia que impidió continuar con la geolocalización y dificultó el cumplimiento efectivo de las condiciones establecidas judicialmente.
A partir de esa situación, la Fiscalía solicitó modificar la medida cautelar y disponer la prisión preventiva por un período limitado. El objetivo planteado fue contar con el tiempo necesario para establecer si la mujer comprende las disposiciones judiciales, si se encuentra en condiciones de intervenir adecuadamente en el proceso y si requiere atención específica vinculada con su salud mental.
El defensor oficial penal adjunto, Nahuel Benac, prestó conformidad con la prisión preventiva por siete días y dejó planteada la posibilidad de revisar la medida una vez que estén disponibles los informes de los profesionales. Además, sostuvo que el análisis de la situación debe contemplar de manera integral la perspectiva de género, los antecedentes de violencia incorporados al legajo y el consumo problemático que atravesaría su asistida.
El juez de garantías César Lanfranchi declaró legal la detención y dispuso la prisión preventiva durante el plazo acordado. La situación cautelar podrá ser revisada y eventualmente modificada a partir de los resultados de las evaluaciones interdisciplinarias y de las indicaciones que formulen los equipos profesionales encargados de analizar el caso.