Un hombre fue condenado a tres años de prisión efectiva en Bariloche tras ser hallado responsable de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, resistencia a la autoridad y tres hechos de encubrimiento. La sentencia fue dictada mediante un procedimiento abreviado y también declaró al imputado reincidente en función de sus antecedentes condenatorios, por lo que la resolución quedó firme y será remitida al fuero de Ejecución Penal.
El primero de los hechos ocurrió durante la madrugada del 7 de mayo de 2026, cuando el acusado circulaba en una motocicleta junto a otra persona y fue interceptado por efectivos policiales que realizaban tareas preventivas. Según la investigación, el hombre intentó escapar a pie al advertir la presencia de los uniformados y opuso resistencia cuando fue alcanzado. Durante el cacheo de seguridad, los agentes encontraron entre sus prendas un revólver calibre 22 que portaba sin autorización legal.
Durante la audiencia, la fiscal Sofía Ocampo explicó que inicialmente la acusación contemplaba una calificación más gravosa. Sin embargo, indicó que una pericia balística no permitió acreditar que el arma estuviera cargada al momento del procedimiento. “La pericia no permitió acreditar que el arma estuviera cargada”, señaló la representante del Ministerio Público Fiscal, razón por la cual el hecho fue finalmente encuadrado como tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad.
La acusación por este episodio se sustentó en diversas pruebas incorporadas al legajo, entre ellas el acta del procedimiento policial, las declaraciones de los efectivos que participaron del operativo y de testigos, la inspección realizada por el Gabinete de Criminalística y un informe oficial que confirmó que el acusado no estaba registrado como legítimo usuario de armas. Además, una pericia determinó que el revólver era apto para el disparo y correspondía a un arma de uso civil.
La investigación también incluyó tres hechos de encubrimiento descubiertos durante un allanamiento realizado en julio de 2025 en un inmueble vinculado al condenado. En ese procedimiento se secuestraron una motocicleta, un iPad y otros objetos que habían sido denunciados como robados en distintos hechos ocurridos entre marzo de 2024 y julio de 2025.
La Fiscalía sostuvo que el imputado mantenía esos bienes en su poder con conocimiento de su origen ilícito y sin contar con documentación que acreditara una adquisición legítima. Como respaldo de esa imputación presentó el acta del allanamiento, las denuncias de las víctimas, un informe elaborado por el Cuerpo de Investigación Judicial y las actas de reconocimiento efectuadas posteriormente por los propietarios de los elementos recuperados.
La defensora adjunta Mónica Goye manifestó que analizó junto a su asistido la prueba reunida durante la investigación y las alternativas procesales disponibles. En ese marco, consideró razonables tanto la calificación legal como la pena acordada con la Fiscalía. El acusado aceptó voluntariamente el procedimiento abreviado y reconoció su responsabilidad en los hechos atribuidos.
El juez de Juicio Gregor Joos verificó que el acuerdo reuniera los requisitos legales, homologó el procedimiento abreviado y dictó la condena a tres años de prisión efectiva. Asimismo, ordenó el decomiso y la destrucción del arma de fuego secuestrada durante el procedimiento policial realizado en mayo de este año.
La pena de cumplimiento efectivo y la declaración de reincidencia se fundamentaron en las condenas anteriores que registraba el imputado. Una vez dictada la sentencia, las partes renunciaron a los plazos de impugnación previstos por la legislación procesal, por lo que el fallo quedó firme y el expediente será remitido al fuero de Ejecución Penal para el cumplimiento de la condena.