El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, del exdirector regional de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Santa Fe, Carlos Andrés Vaudagna; de otros dos agentes del organismo y de un representante de un fideicomiso inmobiliario, por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio que favoreció el alquiler del edificio donde funcionan las oficinas de ARCA en la capital de la provincia.

Aparte de Vaudagna —imputado arrepentido en causas de corrupción vinculadas al exjuez federal rosarino Marcelo Bailaque y acusado en otra causa por manipular datos oficiales para perjudicar a comerciantes—, los otros tres procesados son los exfuncionario de ARCA Santa Fe Diego Raúl Cignetti y Carlos Ernesto Barrale y el representante del fideicomiso La Plaza, Carlos Miguel Bsereni.

Según la resolución —adoptada el martes pasado por el juez federal Aldo Mario Alurralde—, todos habrían intervenido en maniobras para favorecer al mencionado fideicomiso en la adjudicación del alquiler del edificio ubicado en calle Salta al 2700 de la ciudad de Santa Fe, donde funcionan dependencias del organismo.

El juzgado también ordenó trabar un embargo de 20 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los acusados, dispuso la prohibición de salida del país para todos y comunicó la resolución a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a las autoridades actuales del organismo, a fin de que adopten las medidas administrativas correspondientes.

La decisión fue en línea con la imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal en una investigación encabezada por el fiscal Walter Rodríguez y la fiscal coadyuvante Milagros Traverso, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe; el fiscal Roberto Salum, de la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista; el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Esteban Venditti; y el titular de la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina.

En su resolución, Alurralde hizo lugar a la pretensión acusatoria del MPF respecto de la presunta implementación de procesos licitatorios irregulares y direccionados, desarrollados al menos en cuatro períodos distintos. Según se indicó, estas maniobras habrían sido llevadas adelante por Vaudagna con la intervención de Cignetti, bajo la justificación de la licitación pública N°05/2010.

De acuerdo con la investigación, el trámite derivó en el traslado de las sedes de la ex Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) ubicadas en calle San Luis al 3000 de la capital provincial y en la celebración del contrato de locación del inmueble situado en Salta 2771, propiedad del Fideicomiso La Plaza. Esta modalidad se habría reiterado en sucesivas renovaciones del alquiler durante aproximadamente diez años, bajo la figura excepcional del “legítimo abono”.

Roles, conductas y los delitos imputados

Según la resolución, Vaudagna habría firmado pliegos con cláusulas direccionadas, realizado valoraciones improcedentes para favorecer una oferta y recibido “sobres con dinero” de manera periódica. Por ello, fue procesado como autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad, en concurso ideal, y como partícipe necesario en gestiones indebidas vinculadas a la licitación 07/2015.

A Cignetti se le atribuye haber actuado como nexo operativo, encargado de recibir el dinero del fideicomiso y entregarlo a Vaudagna, además de gestionar la continuidad irregular del vínculo contractual. Fue procesado como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

En tanto, a Barrale —exjefe de la Sección Administrativa— se le atribuye haber intervenido en la redacción y suscripción de pliegos con cláusulas de preferencia arbitrarias que direccionaron la contratación, por lo que su procesamiento fue como autor de negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad, en concurso ideal.

Respecto de Bsereni, representante del fideicomiso, el juez sostuvo que ejerció influencia sobre los funcionarios y mantuvo comunicaciones destinadas a asegurar la adjudicación y los pagos, por lo que fue considerado partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Pagos indebidos y pruebas

El juez Alurralde consideró acreditado que en los pliegos de bases y condiciones se incorporaron cláusulas de prelación arbitrarias, diseñadas de modo tal que solo el inmueble ofrecido por el Fideicomiso La Plaza resultara adjudicatario, excluyendo opciones más económicas o la permanencia en las sedes anteriores.

Asimismo, tuvo por probada la existencia de pagos indebidos, en los que Vaudagna habría recibido sobres con dinero entregados por Cignetti, quien actuaba como intermediario con el representante del fideicomiso. Estos pagos se vincularían con las gestiones para sostener el vínculo contractual, incluso cuando licitaciones posteriores fueron declaradas fracasadas y se recurrió al “legítimo abono”.

Entre los elementos de prueba se valoraron determinantes una serie de mensajes de telefonía móvil en los que se mencionan gestiones para evitar que otros oferentes compitieran en igualdad de condiciones. En uno de los diálogos citados, ante la posibilidad de que un nuevo edificio se presentara a licitación, se aludió a averiguar si existía “presión política” que pudiera afectar el acuerdo.

El fallo también destacó el perjuicio económico derivado de la falta de actualización de los valores locativos. Informes de la PIA indicaron que los cánones abonados entre 2016 y 2025 bajo la modalidad de legítimo abono superaron los índices inflacionarios, con una diferencia acumulada estimada en más de 544 millones de pesos a valores de junio de 2025.

“Graves apartamientos”

“En estos procedimientos licitatorios acaecieron graves apartamientos a la normativa, eludiendo por completo el régimen de contrataciones del organismo. En este sentido vale decir que la licitación pública constituye un procedimiento con basamento constitucional, ya que garantiza la igualdad y competencia para acceder a los bienes y fondos del Estado, protegiéndose de esta manera el orden público garantizado en el artículo 19 de la Constitución Nacional”, sostuvo Alurralde.

El magistrado dio “por acreditado que la maniobra de direccionamiento consistió en la incorporación de una condición que permitiría a la oferta del Fideicomiso La Plaza imponerse por sobre las ofertas presentadas por los entonces locadores, todo lo cual se desprende tanto de las conversaciones entre Cignetti y Bsereni, y Vaudagna y Cignetti, las cuales permiten vislumbrar un particular interés de ambos funcionarios en la ejecución del contrato de alquiler”.

Cabe recordar que en diciembre de 2025 y a pedido del MPF, los cuatro imputados ahora procesados fueron indagados por estos hechos. En el caso de otro de los involucrados, identificado por sus iniciales como C.J.B., el juez rechazó en febrero de 2026 un planteo de suspensión del proceso por incapacidad sobreviniente y ordenó la continuidad de la investigación.