Un hombre fue acusado este martes de haber embestido y arrollado con un vehículo a un peatón que cruzaba la calle Ruiz Moreno, en Bariloche. La víctima sufrió graves lesiones y falleció horas después en el Hospital Zonal Bariloche.
El hecho fue calificado como homicidio simple con dolo eventual, en calidad de autor, de acuerdo con los artículos 45 y 79 del Código Penal.
En relación a esta calificación, la Fiscalía encabezada por el fiscal Marcos Sosa Lukman y la fiscal jefe Betiana Cendón, explicó que surge al no atribuir al imputado una intención directa de matar. En cambio plantea que el conductor habría advertido el grave riesgo de provocar la muerte con su maniobra y, aun así, habría continuado con su accionar.
El hecho atribuido ocurrió durante la madrugada del 27 de junio, entre la 1:40 y las 2. El vehículo circulaba en sentido ascendente por calle Ruiz Moreno, hacia el sur. Luego de atravesar la intersección con Neuquén y antes de llegar a Vilcapugio, embistió a la víctima, que se encontraba sobre la calzada. Un testigo que descendía por el centro de la calle advirtió su presencia y dio aviso al servicio de emergencias 911.
La Fiscalía sostuvo que, pese a observar a la víctima; dirigió deliberadamente la marcha hacia el sector por el que caminaba, continuó con esa trayectoria y la embistió. Luego la arrolló, aceleró y se retiró del lugar sin detenerse ni prestarle asistencia.
El peatón sufrió una fractura de cráneo, lesiones en una pierna y traumatismos torácicos y pélvicos. Fue auxiliado por personas que circulaban por el lugar y trasladado en código rojo al hospital Ramón Carrillo, donde falleció horas más tarde como consecuencia de un politraumatismo grave y un traumatismo encéfalo-craneano severo.
Entre los elementos reunidos se mencionaron las actuaciones realizadas en el lugar, los testimonios de las personas que encontraron y asistieron a la víctima, el resultado de la autopsia y distintas filmaciones de cámaras de seguridad. Uno de los registros permitió escuchar la aceleración del vehículo, el impacto y una nueva aceleración inmediatamente posterior.
También declaró un menor de edad que viajaba en el asiento del acompañante. Su testimonio fue recibido con su autorización expresa del defensor de Menores Javier Ospital y en presencia de familiares directos. El joven relató su versión de los hechos, agregando luego que minutos después, el imputado, detuvo la marcha para revisar el vehículo y retiró la patente delantera.
De acuerdo con la acusación, al día siguiente el imputado habría trasladado el auto mediante una grúa desde un garaje hasta una vivienda ubicada a unos 28 kilómetros del centro de la ciudad. La requisa del rodado permitió detectar daños en el parabrisas, la óptica y el espejo retrovisor del lado derecho.
Además, se informó que las huellas de los neumáticos presentan similitudes con las marcas encontradas en las prendas de la víctima.
La Fiscalía agregó que el imputado se encontraba inhabilitado para conducir hasta junio de 2027, como consecuencia de una infracción anterior vinculada al consumo de alcohol.
La detención se concretó el 28 de junio durante un allanamiento autorizado judicialmente. La defensa no formuló objeciones y el juez de Garantías declaró que el procedimiento fue legal y se realizó dentro de los plazos establecidos.
La Defensa Pública Penal asistió al acusado quien no se opuso ni a la formulación de cargos, al plazo y luego a la medida cautelar solicitada por el mismo período que la investigación. El imputado no brindó declaración en esta instancia procesal.
Al resolver, el juez de Garantías entendió que la Fiscalía presentó elementos suficientes para sostener, en esta etapa inicial, que el hecho habría ocurrido de la manera descrita y que la calificación legal elegida resulta adecuada de forma provisoria.
Por ese motivo, tuvo por formulados los cargos por homicidio simple con dolo eventual y fijó un plazo de cuatro meses para completar la investigación, que vencerá el 30 de octubre de 2026.
También dispuso que el imputado permanezca en prisión preventiva durante ese período, al considerar que continúan vigentes los riesgos procesales planteados en la audiencia. El lugar de alojamiento los dispondrá el Servicio Penitenciario Provincial.
