En la mañana de este martes se formularon cargos al segundo de los imputados por su presunta participación en el robo perpetrado el 17 de mayo pasado en el interior de una vivienda de Bariloche. En el hecho un hombre de 66 años murió tras recibir un disparo de arma de fuego.

La audiencia respecto de este acusado había sido suspendida la semana pasada para que el Cuerpo Médico Forense evaluara si se encontraba en condiciones de ser sometido a proceso.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió entre las 20:30 y las 20:50 horas en un domicilio ubicado sobre calle Albarracín. De acuerdo con la investigación, al menos cuatro personas actuaron de manera organizada y coordinada para ingresar al inmueble con fines de robo. Para ello habrían accedido previamente por propiedades linderas y utilizado armas de fuego y un elemento contundente para irrumpir en la vivienda.

La Fiscalía sostuvo que durante el hecho se produjo un enfrentamiento armado en el interior del domicilio. En ese contexto, uno de los presuntos autores resultó herido y el propietario de la vivienda recibió un disparo que le provocó la muerte.

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal detalló distintas evidencias reunidas durante los primeros días de investigación, entre ellas actas policiales, allanamientos, registros de cámaras de seguridad, informes de análisis de imágenes, testimonios, secuestro de teléfonos celulares y otros elementos que serán sometidos a peritajes. Según explicó el fiscal del caso, las cámaras de seguridad y los registros de GPS de los dispositivos de control que portaba el imputado permitieron reconstruir parte de la planificación, el ingreso y la fuga de los involucrados.

Entre otros elementos, se incorporaron informes médicos, placas radiográficas y declaraciones de personal policial y médico que intervino en la atención del imputado herido pocas horas después del hecho. Según lo expuesto en la audiencia, las lesiones presentadas por el acusado serían compatibles con la secuencia investigada y con el intercambio de disparos ocurrido dentro de la vivienda.

También se mencionaron rastros de sangre, prendas de vestir secuestradas y análisis de geolocalización obtenidos a partir de dispositivos de control y teléfonos celulares, que habrían permitido reconstruir parte de la planificación, el ingreso y la fuga de los involucrados.

Estos elementos fueron obtenidos durante el fin de semana, en el marco de distintas medidas investigativas coordinadas y llevadas a cabo junto a personal policial y la Brigada de Investigaciones. Entre ellas se realizaron allanamientos en diversos domicilios vinculados a la investigación y el relevamiento de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir parte de la secuencia previa y posterior al hecho.

Según se expuso en la audiencia, una de las medidas permitió secuestrar uno de los vehículos presuntamente utilizados para llegar al lugar. Además, durante los procedimientos se incautaron dispositivos, prendas de vestir con manchas de sangre y otros elementos que serán sometidos a peritajes en el marco de la investigación.

Primera audiencia de formulación de cargos

La querella adhirió a la formulación de cargos presentada por la Fiscalía y destacó que la víctima tenía 66 años al momento del hecho. Además, valoró el acceso periódico a la información incorporada durante la investigación y acompañó el pedido de medidas cautelares.

Por su parte, el defensor particular del acusado formuló objeciones a la formulación de cargos, solicitó exclusiones probatorias y rechazó el pedido de prisión preventiva. Asimismo, el imputado no prestó declaración en esta instancia procesal por consejo de su defensa técnica.

El juez tuvo por formulados los cargos contra el imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor. Asimismo, habilitó la investigación penal preparatoria hasta el 21 de septiembre de 2026.

También dispuso la prisión preventiva del acusado por el mismo plazo, a disposición del Servicio Penitenciario Provincial. Hasta tanto se concrete su alojamiento en una unidad penitenciaria, permanecerá detenido en una dependencia policial, al considerar acreditados los riesgos procesales.