En busca de apoyo y contención emocional, una mujer podrá viajar junto a sus hijos pequeños a otra provincia para reencontrarse con su familia de origen. Hasta ahora, una resolución judicial le impedía salir de la ciudad en el marco del expediente por violencia que ella misma había iniciado.

La mujer promovió un expediente por violencia y en ese contexto, se habían dispuesto medidas urgentes de protección, entre ellas la exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento para el hombre denunciado. Sin embargo, más adelante se dictó otra resolución que le impedía a ella, salir de Bariloche junto a sus hijos.

Desde la Defensa Pública de Familia se apeló esa decisión. En la presentación se sostuvo que la medida resultaba contradictoria porque, por un lado, el sistema judicial había reconocido una situación de riesgo y violencia; pero, al mismo tiempo, aceptaba un planteo del propio denunciado que limitaba la posibilidad de la mujer de buscar apoyo y contención en su entorno familiar.

También se explicó que la mujer atravesaba una situación de vulnerabilidad psicológica producto de los hechos denunciados y que necesitaba viajar de manera provisoria para estar acompañada por su única red de apoyo familiar y afectiva. La Defensa aclaró además que no se trataba de una mudanza definitiva y que existía un compromiso de regreso.

La apelación planteó que la medida dejaba a la mujer sola en una ciudad donde no contaba con familiares cercanos ni contención emocional, en un momento especialmente delicado. También advirtió que impedirle viajar terminaba afectando directamente a sus hijos pequeños, ya que el bienestar de los niños depende en gran parte del estado emocional y psicológico de la persona que los cuida diariamente.

Otro de los puntos señalados por la Defensa Pública fue que la decisión judicial generaba una nueva situación de angustia para la mujer. Según se expresó en la apelación, en lugar de sentirse protegida, la medida la obligaba a permanecer en un contexto de aislamiento y vulnerabilidad, reproduciendo situaciones de control vinculadas a la violencia denunciada.

Al revisar el caso, la Cámara coincidió con esos planteos y señaló que los procesos de violencia deben estar orientados a proteger a las víctimas y evitar nuevas situaciones de daño o revictimización.

El fallo también remarcó que impedirle acceder al acompañamiento familiar y emocional que necesitaba afectaba directamente a todo el grupo familiar. Finalmente, se dejó sin efecto la prohibición y se ordenó comunicar de manera urgente el levantamiento de la medida.