Un hombre imputado por el homicidio de Gastón Marcelo Latif, ocurrido en febrero de 2025 en Bariloche, será juzgado por un tribunal colegiado. Finalizó en la jornada de hoy, luego de un cuarto intermedio, la audiencia de control de acusación en la que las partes enumeraron las pruebas que buscarán producir en el juicio oral y público.

Según lo expuesto por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 10 de febrero de 2025 entre las 22:30 y las 22:50 en el interior de la despensa “Kim-Ruca”, ubicada en la intersección de las calles Habana y Namuncurá. Allí se habría producido un altercado entre la víctima —que se encontraba junto a su pareja— y otras personas presentes en el lugar. En ese contexto, el imputado habría intervenido utilizando un cuchillo y provocado múltiples heridas cortopunzantes. La lesión fatal afectó la región del cuello y produjo la muerte de Latif a raíz de un shock hipovolémico.

El hecho fue calificado como homicidio simple, conforme a los artículos 45 y 79 del Código Penal.

Entre los elementos ofrecidos para el debate se encuentran testimonios de personal policial, civiles que estuvieron presentes durante el episodio, profesionales del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigación Forense, además de informes periciales, registros fílmicos, reconstrucciones de la secuencia del hecho y distintos elementos secuestrados durante la investigación.

La Defensa Pública Penal cuestionó la incorporación de parte de la evidencia producida durante la etapa preparatoria y adelantó que sostendrá una teoría del caso distinta a la planteada por la Fiscalía y la querella. En ese marco, ofreció prueba vinculada al estado emocional y de salud mental del imputado al momento del hecho, incluyendo informes periciales y testimonios de profesionales y allegados.

Durante la audiencia también se debatió la integración del tribunal que intervendrá en el juicio, a partir de las diferencias entre la pretensión de pena de la Fiscalía y la querella. La representación de la familia solicitó un juicio por jurados y cuestionó la constitucionalidad del artículo 26 del Código Procesal Penal.

Al resolver, el juez interviniente rechazó ese planteo y dispuso que el juicio se realice ante jueces profesionales. Consideró que la pretensión fiscal de hasta 12 años de prisión por homicidio simple resultaba razonable y acorde a la escala penal prevista para una persona sin antecedentes.

Asimismo, admitió la prueba documental presentada por las partes y declaró la apertura a juicio de la causa. Se prevé que el debate se desarrolle en cinco jornadas y que declaren alrededor de 50 testigos. La Oficina Judicial deberá fijar la fecha para la realización del juicio.

Finalmente, el magistrado resolvió prorrogar la medida cautelar que pesa sobre el imputado hasta la realización del juicio. De esta manera, continuará bajo la modalidad de prisión preventiva con internación en el área de salud mental del hospital, al considerar que no se acreditaron cambios en su situación que justifiquen modificar las condiciones actuales.