Un hombre deberá abstenerse de todo tipo de contacto con la familia de su expareja y no podrá acercarse a menos de 200 metros de su entorno. La medida fue dictada por una jueza de Familia de Bariloche tras una denuncia impulsada por el hermano de la mujer, en un caso que la magistrada encuadró como violencia vicaria.

La resolución alcanza al denunciado, a quien se le prohibió acercarse al domicilio de los padres de su expareja y a los lugares donde desarrollan sus actividades, además de impedir cualquier tipo de contacto, incluso por medios digitales. Las medidas estarán vigentes hasta marzo de 2027 y su incumplimiento podrá derivar en una causa penal por desobediencia.

El expediente se inició a partir de la presentación del hermano de la mujer, quien actuó en representación propia y de sus padres, ambos adultos mayores. Según expuso, el hombre —expareja de su hermana— protagonizó amenazas, agresiones verbales y conductas intimidatorias reiteradas. Entre los hechos relatados se incluyen episodios en los que merodeó el domicilio familiar, realizó llamados telefónicos y envió mensajes hostiles tanto a los padres como al denunciante.

La demanda también incluyó amenazas de muerte y hechos de violencia en la vía pública. En ese contexto, la unidad procesal valoró la gravedad de la situación y la necesidad de prevenir nuevos episodios, en especial por tratarse de personas mayores, consideradas en condición de vulnerabilidad y con derecho a una protección reforzada.

En la resolución, la magistrada indicó que el caso fue radicado en esa unidad debido a que el denunciado habría protagonizado actos de violencia vicaria, entre otras modalidades. El encuadre se vincula con conductas dirigidas contra el entorno familiar de la expareja —en este caso sus padres y su hermano—, lo que extiende el conflicto más allá del vínculo directo.

El fallo sostuvo que, ante la gravedad de los hechos denunciados, resultaba necesario dictar medidas preventivas para evitar nuevas situaciones de violencia. Por eso la jueza dispuso además la intervención de la policía y la comunicación a la fiscalía, junto con el traslado de la denuncia al acusado para que ejerza su defensa con asistencia letrada.

La causa tramita bajo las reglas del proceso de violencia familiar, que habilitan la adopción de medidas cautelares cuando existen elementos que permiten inferir una situación de riesgo, con el objetivo de garantizar la protección inmediata de las personas involucradas.

La resolución también estableció que las medidas deberán ser notificadas de manera personal, incluso con habilitación de días y horas inhábiles, para asegurar su cumplimiento. La unidad procesal dejó previsto que, en caso de no poder ubicar al hombre denunciado, se activen mecanismos para determinar su paradero y garantizar que la restricción de acercamiento se haga efectiva.