A pedido de la Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, a cargo del fiscal con funciones de coordinación del Distrito General Roca, Fernando Arrigo, el juez de garantías subrogante Gustavo Zapata prorrogó por doce meses la investigación penal preparatoria y la prisión preventiva del ciudadano ruso que hace un año fue detenido como presunto líder de una organización transnacional criminal de carácter coercitivo con fines de trata de personas.
El imputado, identificado como K.R., está acusado de haber captado en su país de origen a una joven de 22 años para trasladarla a la Argentina con fines de explotación en el territorio nacional. La mujer dio a luz el año pasado en un hospital de la ciudad rionegrina mencionada.
La decisión se tomó en una audiencia realizada el 1° de abril pasado, en la que intervinieron los auxiliares fiscales de la sede fiscal Gustavo Revora y Tomás Labal.
La fiscalía detalló una serie de medidas pendientes que, por la complejidad del caso, resultan esenciales para completar la investigación. En ese marco, fundó su solicitud en los artículos 266 y 335, inciso b, del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que habilitan la prórroga del plazo máximo de la investigación preparatoria hasta por dos años para procedimientos complejos.
Entre los principales obstáculos, la fiscalía mencionó la necesidad de traducir un volumen significativo de información, que se estima que llevará 120 días hábiles.
Asimismo, se indicó que aún no fue posible acceder a la totalidad de la información contenida en los dispositivos electrónicos secuestrados. En particular, resta peritar un disco rígido de 8 TB cifrado, además de otros 4 TB almacenados en computadoras. Según se explicó, actualmente no se dispone del software necesario para vulnerar ese sistema de encriptación.
Por otra parte, la fiscalía informó que se encuentran a la espera de precisiones por parte de Cancillería para concretar la recepción de declaraciones testimoniales en el exterior —en Rusia, Indonesia y Alemania— de personas cuyo testimonio interesa a la investigación.
En ese contexto, la fiscalía también solicitó la extensión de la prisión preventiva del imputado, alojado en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson, provincia de Chubut, al considerar que subsisten riesgos procesales, en particular el peligro de fuga, evidenciado en un intento previo de evasión en un aeropuerto, y en la capacidad económica del acusado.
El juez hizo lugar a lo solicitado y fijó la prórroga de la investigación y de la medida de coerción para K.R. hasta el 3 de abril de 2027.
Respecto de las otras 20 personas imputadas —19 mujeres y un hombre—, el magistrado mantuvo la prohibición de salida del país y extendió a 15 días la obligación de presentarse ante una dependencia policial cercana a sus domicilios.
Los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal (abajo a la derecha), durante la audiencia. Foto: captura de Zoom
Todas ellas están acusadas de integrar una organización que habría captado, trasladado y acogido a la víctima con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre, mediante engaño y coerción —bajo la fachada de un espacio espiritual y de prácticas de yoga—, y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
El caso
La investigación se inició el 17 de marzo de 2025 cuando una mujer de nacionalidad rusa de 22 años que cursaba un embarazo de casi nueve meses, acudió a un hospital de San Carlos de Bariloche acompañada de otras dos mujeres. El personal médico denunció que la embarazada se encontraba en un evidente estado de sometimiento, ya que las acompañantes no le permitían hablar y eran ellas siempre las que interactuaban.
Según la denuncia, cuatro días después, tras el parto, una de esas mujeres intentó modificar la partida de nacimiento para anotar al recién nacido como hijo del sindicado como jefe de la organización.
En ese contexto, la Sede Fiscal Descentralizada Bariloche promovió distintos allanamientos en las propiedades alquiladas por el grupo, donde se verificó la existencia de ventanas tapadas, colchones en el piso de espacios amplios como salones o comedores, así como ropa erótica y pelucas.
Del análisis de la información obtenida en los procedimientos, surgieron indicios de que las personas imputadas intentaban abandonar el país, lo que motivó su detención el 28 de marzo de 2025 en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, en Bariloche, y en el aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante el procedimiento, K.R. intentó autolesionarse en el cuello con una hoja de afeitar que llevaba en su billetera, pero fue reducido por el personal de seguridad.
En la audiencia de formalización realizada en abril del año pasado, el fiscal Arrigo sostuvo que con la maniobra que involucró a la víctima y a su hijo, el principal imputado habría intentado obtener la nacionalidad argentina para luego gestionar la residencia brasileña, con el objetivo de poder vivir de manera permanente o temporaria en ambos países, donde la organización aparentemente estaba consolidando su asentamiento.
En aquella oportunidad, la fiscalía imputó a los y las implicados/as por el delito de trata de personas con fines de explotación agravada porque la víctima se encontraba embarazada, porque en la comisión del delito participaron más de tres personas y porque se logró consumar la explotación de la víctima (artículo 145 ter, incisos 2, 5 y 7 —segundo párrafo— del Código Penal).
