En 1951, un matrimonio llegado desde Yugoslavia se instaló en Bariloche y registró un terreno que con el tiempo se transformaría en una vivienda familiar. Pero la historia tomó otro rumbo poco tiempo después: la relación se disolvió, la mujer regresó al extranjero y nunca volvió a tener contacto con ese lugar.

A lo largo de las décadas, sobre ese terreno se levantó una casa, luego departamentos y espacios comerciales. Allí crecieron los hijos del hombre que permaneció en la ciudad. Con el tiempo, continuaron la ocupación del lugar, realizaron nuevas construcciones y administraron el inmueble como propio, sin interrupciones y sin que existieran reclamos.

Más de 70 años después de aquel inicio, esa situación dominial fue finalmente regularizada. Tras iniciar el proceso judicial , un fallo del fuero Civil de Bariloche  reconoció que dos hermanos adquirieron por prescripción adquisitiva el 50% del inmueble, tras acreditar una posesión pública, continua y sostenida durante décadas.

Según surge del expediente, el terreno había quedado registrado en condominio entre el hombre y su entonces esposa. Sin embargo, tras su salida del país en los años cincuenta, no volvió a ejercer derechos sobre la propiedad y su paradero actual se desconoce.

El hombre formó una nueva familia en Bariloche y comenzó a desarrollar el lugar. Con el paso de los años, el inmueble se amplió hasta quedar conformado por cinco departamentos y unidades destinadas a actividades comerciales.

Los actuales propietarios nacieron y se criaron allí. Tras la muerte de su padre en 1979 continuaron ocupando el lugar, realizaron mejoras edilicias y explotaron el inmueble mediante alquileres y usos comerciales.

Durante el juicio se incorporaron comprobantes de pago de tasas y servicios a lo largo de décadas, contratos de alquiler gestionados a través de una inmobiliaria, habilitaciones comerciales municipales y planos de las ampliaciones. También declararon vecinos que confirmaron la presencia sostenida de la familia, las mejoras realizadas y la ausencia de reclamos sobre el inmueble.

El juez interviniente consideró acreditada una posesión pública, continua e ininterrumpida durante más de veinte años, con actos propios de dueño como construcciones, explotación comercial, alquileres y pago de servicios.

En función de esa prueba, la sentencia declaró que los demandantes adquirieron el 50% del inmueble, que será inscripto a su nombre en partes iguales.