En el marco de un hecho investigado como homicidio simple, ocurrido el 10 de febrero de este año en una despensa situada en la intersección de las calles La Habana y Namuncurá, se llevó a cabo una audiencia de reformulación de cargos respecto del imputado.

Según se expuso en la audiencia, la secuencia se habría desencadenado cuando la víctima ingresó al comercio acompañada de otra persona, donde ya se encontraban varios hombres con quienes se produjo un intercambio verbal y luego un altercado físico. En ese marco, y tras un forcejeo iniciado en cercanía del mostrador del local, el imputado habría intervenido directamente portando un arma blanca. Se le atribuye haber ocasionado al menos media docena de heridas cortopunzantes. La víctima, herida, se dirigió hacia la puerta del comercio y falleció allí mismo por el shock hipovolémico producido por la hemorragia.

La audiencia se llevó a instancias de la representante del Ministerio Público, dado que ambas partes acusadoras (junto a la querella) habían mantenido desacuerdos en torno a una reformulación conjunta, motivo por el cual se convocó un nuevo espacio de trabajo encabezado por el Fiscal General de la provincia.

La representante fiscal fundamentó la reformulación en diversa evidencia reunida durante la investigación tales como;  actas policiales y de secuestro, informe de autopsia e intervención del Cuerpo de Investigación Forense, análisis del Gabinete de Criminalística, declaraciones testimoniales, pericias, secuestro de vestimentas y la reconstrucción judicial del hecho realizada con participación de todas las partes.

Desde la querella se manifestó adhesión plena a la reformulación presentada por el Ministerio Público. Se indicó que el nuevo encuadre del hecho —su descripción, la calificación legal propuesta y el sustento probatorio ofrecido— fue trabajado conjuntamente entre ambas partes acusadoras. En igual sentido, acompañó la solicitud de prórroga de la prisión preventiva, entendiendo que continúan vigentes los motivos que justificaron su imposición y que la medida resulta adecuada hasta la próxima etapa de control de acusación.

Durante la audiencia, el imputado hizo uso de su derecho a declarar y brindó su versión sobre los hechos ocurridos. Relató haber actuado motivado por temor y en un contexto que, según dijo, percibió como violento. Sostuvo que su intervención habría sido defensiva, que no tuvo intención de provocar la muerte y que la agresión realizada se habría limitado a una única acción con el arma blanca.

Luego el defensor oficial penal no se opuso a la reformulación de cargos y solicitó se incorpore el descargo brindado por el imputado y que sus manifestaciones también sean valoradas en etapa procesal correspondiente. Asimismo, prestó conformidad respecto de la prueba ofrecida y del plazo de investigación acordado entre las partes.

El defensor requirió especial atención al estado de salud psicofísico del imputado, solicitando que reciba seguimiento y acompañamiento psicológico diario, con controles médicos, informes evolutivos periódicos y detalle de las intervenciones profesionales que se dispongan. Señaló la importancia de garantizar contención continua y un abordaje terapéutico adecuado dentro del marco de la medida cautelar vigente.

El Juez de Garantías interviniente dispuso tener por reformulados los cargos y prorrogar la investigación penal preparatoria hasta el 12 de diciembre de 2025. El hecho fue calificado como homicidio simple, atribuido a título de autor conforme a los artículos 45 y 79 del Código Penal.

Respecto de las medidas cautelares, resolvió extender la prisión preventiva del imputado bajo la misma modalidad que viene cumpliendo, en el área de Salud Mental del Hospital de la Región, y con un máximo de vigencia hasta la realización del control de acusación o, en su defecto, hasta el 20 de febrero de 2026 a las 14:00 horas.

Asimismo, ordenó oficiar al servicio de salud del hospital para que informe de manera periódica —con una frecuencia semanal o quincenal, según determinen los profesionales intervinientes— sobre el estado psicofísico del imputado, su diagnóstico, tratamiento, medicación indicada y evolución clínica, remitiendo dichos reportes tanto a la Fiscalía como a la Defensa a través de la Oficina Judicial.