El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre acusado de haber falsificado un certificado médico,y presentarlo luego ante una empresa para justificar una licencia laboral.
Según la acusación, el hecho ocurrió en esta ciudad entre los meses de enero y febrero de este año. El imputado habría redactado el certificado de su puño y letra, consignando un diagnóstico médico y utilizando el sello de un profesional de la salud junto con un formulario de una institución médica.
La irregularidad fue advertida cuando el documento fue consultado ante la entidad sanitaria, verificándose que el profesional mencionado no había emitido dicho certificado.
La fiscalía sostuvo que la acusación se encuentra respaldada por diversos elementos de prueba, entre ellos la denuncia presentada por los apoderados de la institución médica afectada, correos electrónicos intercambiados entre la empresa y la entidad sanitaria, el certificado médico apócrifo original, dos pericias caligráficas —una de la querella y otra del Cuerpo de Investigación Forense— que vinculan la autoría del documento al imputado.
Se agregan además, un acta de allanamiento en su domicilio donde se secuestraron talonarios pertenecientes a la institución, entrevistas con personal médico y administrativo que intervinieron en la verificación del documento.
La querella adhirió a la acusación fiscal y destacó que "el hecho, además de su carácter penal, posee implicancias laborales ya que el imputado se desempeñaba como enfermero" en la institución médica afectada. Señaló que la conducta atribuida podría también configurar un acto médico irregular, lo que podría dar lugar a una modificación de la calificación legal del hecho en el futuro.
Por su parte, la defensa se opuso a la formulación de cargos. Argumentó que la imputación resulta imprecisa en cuanto a la fecha del hecho y que no se encuentra probado que el documento haya sido firmado por el acusado ni que haya generado un perjuicio concreto, requisitos que consideró esenciales para configurar el delito atribuido.
Finalmente, el juez tuvo por formulados los cargos al considerar que la acusación cuenta con los elementos mínimos exigidos por el Código Penal y el Código Procesal Penal. Sostuvo que la descripción del hecho y la calificación legal —falsificación de documento privado, conforme a los artículos 45 y 292 del Código Penal— resultan adecuadas en esta etapa del proceso.
El magistrado dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses, hasta el 30 de marzo de 2026, plazo que regirá de manera común para todas las partes intervinientes. Se le impusieron las medidas cautelares de rigor.
