Un artículo de opinión del abogado y docente Gerardo Biglia advierte sobre el crecimiento del endeudamiento de los hogares en la Argentina y sostiene que el crédito dejó de funcionar como una herramienta de consumo para convertirse en un mecanismo de subsistencia.

El autor plantea que, en el actual contexto económico marcado por inflación, caída del salario real y precarización laboral, cada vez más familias recurren a tarjetas, préstamos y billeteras virtuales para cubrir gastos básicos como alimentos, transporte y servicios.

Según el análisis, esta situación genera una dependencia estructural del crédito que “organiza la vida cotidiana” y condiciona el futuro económico y social de los trabajadores.

Biglia también cuestiona la falta de respuestas institucionales frente a un fenómeno que, asegura, afecta de manera masiva a los hogares argentinos y profundiza tanto la vulnerabilidad económica como la presión psicológica sobre los sectores endeudados.

Deuda para vivir: cuando el crédito organiza la vida

En la Argentina actual, el endeudamiento de los hogares ya no puede leerse como una herramienta de consumo. Esa idea quedó vieja. Hoy el crédito no amplía posibilidades: las sustituye. No es que las familias se endeuden para consumir; necesitan endeudarse para sobrevivir.

Por Gerardo Biglia (*)

Durante décadas, el crédito fue pensado como un instrumento para acceder a bienes durables, proyectar gastos o mejorar condiciones de vida. Ese sistema se rompió. Hoy, una porción significativa de hogares recurre a tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales para cubrir gastos básicos: alimentos, servicios, transporte, útiles escolares, etc.. Lo que antes era excepcional —financiar la subsistencia— se volvió cotidiano y permanente. La deuda dejó de ser una decisión: pasó a ser una condición.

Este cambio no es casual. La fuerte devaluación inicial del gobierno de Javier Milei, combinada con una inflación persistente y una recomposición desigual de los ingresos, produjo un escenario en el que el salario dejó de cumplir su función más elemental: reproducir la vida material de quienes trabajan. En ese vacío, el crédito no aparece como una opción, sino como un reemplazo.

Pero ese reemplazo no es neutro. El crédito que permite llegar a fin de mes es el mismo que compromete el mes siguiente. Las elevadas tasas de interés aplicadas —particularmente en el financiamiento de saldos impagos— no solo encarecen el acceso al dinero, sino que organizan una relación temporal: permiten consumir hoy y capturan el ingreso futuro. La deuda no resuelve el problema del ingreso; lo desplaza hacia adelante, lo difiere y, en muchos casos, lo intensifica.

En este punto, la deuda deja de ser un simple instrumento financiero para convertirse en algo más profundo. Como advirtió Michel Foucault, el poder contemporáneo no opera únicamente mediante prohibiciones o coerción directa, sino a través de dispositivos que organizan conductas, tiempos y posibilidades. El crédito, en este sentido, funciona como un dispositivo de gobierno: no obliga a endeudarse, pero configura un entorno en el que endeudarse se vuelve inevitable.

No se trata solo de pagar intereses, sino de ajustar la propia vida a la lógica de la deuda: administrar ingresos en función de vencimientos, anticipar gastos futuros, aceptar condiciones impuestas sin negociación real. El sujeto endeudado no es simplemente alguien que debe dinero, sino alguien cuya relación con el tiempo, con el trabajo y con sus expectativas queda estructurada por esa deuda.

El funcionamiento del sistema profundiza esta lógica. En el costo financiero se incorpora una prima por riesgo de incobrabilidad: los usuarios cumplidores financian, en promedio, a quienes no pueden pagar. Sin embargo, cuando el atraso alcanza a esos mismos usuarios, ese riesgo reaparece bajo la forma de intereses punitorios. El resultado es una estructura que combina cálculo y sanción —prevención y castigo— y que puede implicar una duplicación del costo del riesgo sobre el mismo sujeto.

Esta dinámica no es neutra en términos subjetivos. Como sostiene Franco Berardi, el capitalismo contemporáneo no solo explota trabajo, sino que captura la dimensión psíquica del sujeto. La deuda no solo organiza la economía doméstica: organiza la mente. Produce ansiedad, disciplina comportamientos, limita la imaginación del futuro. Cuando la vida cotidiana depende del crédito, el margen de decisión se reduce y el horizonte se estrecha.

En ese sentido, la subordinación ya no es solo material, sino también psíquica. El deudor no solo paga: se adapta, se ajusta, internaliza la obligación. La deuda no necesita imponerse por la fuerza: se vuelve una forma de autorregulación permanente.

Todo esto ocurre dentro de relaciones contractuales que difícilmente puedan considerarse entre partes en igualdad de condiciones. Los contratos de tarjeta de crédito son contratos de adhesión, donde el consumidor no negocia términos y enfrenta una asimetría informativa significativa. No se trata de un mercado entre iguales, sino de una relación estructuralmente desigual.

El propio ordenamiento jurídico argentino reconoce esta situación. La Constitución Nacional Argentina consagra la protección de los intereses económicos de los consumidores, y la Ley 24.240 prevé herramientas para controlar cláusulas abusivas y restablecer equilibrios contractuales. Las herramientas existen, no utilizarlas también es un modo de intervención del Estado. Sin embargo, su aplicación efectiva aparece limitada.

La historia económica del país, además, muestra que la intervención estatal en contratos privados no es una excepción. La pregunta, entonces, no es si corresponde intervenir, sino en favor de quién se decide hacerlo (en 1981 intervino estatizando deuda de los privados; en 2020 dispuso una refinanciación regulada de las deudas de tarjeta de crédito).

En este contexto, el endeudamiento para cubrir consumos básicos introduce un desplazamiento decisivo. Cuando comer depende del crédito, la deuda deja de ser un instrumento financiero y se convierte en un dispositivo que organiza la reproducción de la vida. No se trata solo de economía, sino de la forma en que se estructura la existencia cotidiana.

Y, sin embargo, frente a este escenario, la reacción institucional es llamativamente débil. Las herramientas jurídicas están disponibles, la afectación es masiva y la desigualdad estructural está reconocida normativamente. Aun así, no se observa una proliferación de acciones colectivas orientadas a cuestionar estas prácticas de manera sistémica.

Tal vez el problema no sea la ausencia de normas, sino algo más incómodo: la naturalización progresiva de un orden en el que el salario ya no alcanza, la deuda ocupa su lugar y esa sustitución no activa, en la misma medida, los mecanismos de protección previstos.

La conclusión no es únicamente jurídica o económica, es inevitablemente política: ¿Cómo puede suceder que, cuando endeudarse para comer se vuelve una práctica extendida, no se multipliquen las acciones destinadas a limitar, revisar o reconfigurar ese sistema, aun cuando la Constitución y la legislación vigente ofrecen herramientas explícitas para hacerlo?

(*) Abogado (UBA), Docente en ESRN 123 y ESRN 132 de Bariloche

Lectura de la Tabla 1
Los datos, aun con la heterogeneidad de sus fuentes, evidencian la masividad del endeudamiento de los hogares. La elevada proporción de familias endeudadas y los niveles significativos de mora indican que el crédito ha dejado de ser un instrumento marginal para convertirse en un componente estructural de la economía doméstica. El destino del endeudamiento —orientado en gran medida al consumo básico— y su peso sobre los ingresos sugieren que la deuda no expande el consumo, sino que compensa su insuficiencia. En este contexto, la combinación de alta inflación y deterioro del salario real refuerza la dependencia del crédito como mecanismo de sostenimiento del nivel de vida.

Lectura de la Tabla 2
Los indicadores laborales muestran un deterioro consistente. El aumento de la desocupación, la caída del empleo registrado y la persistencia de altos niveles de informalidad configuran un escenario en el que el trabajo pierde capacidad para garantizar ingresos suficientes y estables. La destrucción de empleo, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, junto con la caída del salario real, refuerza la precarización de las condiciones de vida. En este contexto, el incremento del pluriempleo y la recuperación parcial de los ingresos no logran compensar la pérdida acumulada, lo que contribuye a explicar la creciente dependencia del crédito como mecanismo de subsistencia.